ALMERÍA, 20 (EUROPA PRESS)
El fiscal ha mantenido este martes la acusación por presuntos delitos de prevaricación y de malversación contra la exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) Josefa Cruz, quien ha afirmado que “podía comprar” bienes por hasta 18.000 euros mediante un resolución de su área, que adquirió los 80 facsímiles de grabados de Francisco Goya ahora desaparecidos para “incrementar el patrimonio” del consistorio y que cuando llegaron a dependencias municipales “el alcalde”, entonces Cristóbal Fernández, “las vio y se quedaron en el archivo”.
Cruz Orta, quien se enfrenta a penas de un año de cárcel y de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a multa de cuatro meses a razón de diez euros diarios, y a suspensión de empleo o cargo público por periodo de dos años, ha defendido que tenía “delegadas” las competencias, que “le dijo en su momento” al alcalde su intención de hacer esta adquisición a la que dijo “que sí” y que emitió una resolución que se “aprobó en junta de gobierno”.
“La editorial me ofreció comprarlo, me dijeron que en otros pueblos de la comarca lo habían comprado como patrimonio cultural y decidí comprarlas como otros bienes culturales que han sido para patrimonio del ayuntamiento”, ha dicho a preguntas del fiscal para añadir más tarde, una vez interpelada por su defensa, el letrado Javier Gómez Bermúdez, que “también se dio cuenta al pleno de la compra de las láminas”.
La ex concejala ha señalado que hay bienes de propiedad municipal que “nunca se han exhibido, ni se han expuesto” y que son “patrimonio”. Sobre el paradero de las 80 láminas, y tras encogerse de hombros, ha remarcado que, en 2011, según el inventario que “se le da al secretario municipal, estaban allí perfectamente”.
“Lo que después pasará, cuando me fui del gobierno, ya no lo sé; cuando llegaron, el alcalde las vio y se quedaron en el archivo, en el depósito”, ha trasladado para concluir que el “responsable de su custodia es el secretario”. “Es él el que tiene las llaves; nosotros nunca las hemos tenido”, ha concluido.
En el trámite de informes, el Ministerio Público ha considerado ha quedado acreditado en el juicio que la compra con dinero público de los 80 facsímiles de grabados de Francisco de Goya, y que se hizo junto a una colección de monedas de oro que sí fue hallada en la caja fuerte, fue un “gasto innecesario y superfluo” para adquirir un bien “sin finalidad ni utilidad pública”.
Para mantener la acusación y elevar las conclusiones provisionales a definitivas, el fiscal ha hecho “especial hincapié” en la prueba documental y también la testifical del denunciante, Salvador Hernández, quien asumió la Alcaldía con Gicar en 2011, así como de quien ocupaba el puesto de secretario-interventor en el Ayuntamiento carbonero.
“Ha sido bastante clara y diáfana sobre cómo se detectaron las irregularidades y cómo no constaba como tal un inventario de una serie de bienes, lo que ha corroborado el secretario”, ha trasladado para añadir que “encima, no se llevó a pleno”.
El Ministerio Público ha indicado en el trámite de informes que “de las pesquisas” iniciadas por el denunciante “no se consigue determinar su existencia, que estén en dependencias municipales cuando otros bienes sí están colocados en lugares” semipúblicos al tiempo que ha afirmado que “no consta en ningún momento que se expusiera o fuera de acceso general”, lo que descartaría “su finalidad o utilidad pública”.
Ha hecho alusión a la testifical del secretario. “uno de los más objetivos”, quien ha expuesto “que no se encontraban ni el albarán ni físicamente las láminas” y que no le consta “que estuvieran depositadas en el ayuntamiento”. “Ha dicho que solo había un recibí como documentación de que se había llevado a cabo la adquisición”, ha remarcado.
Para el fiscal, vendrían a “corroborar” el tipo penal imputado a la ex concejal socialista y la jurisprudencia ya que se trataría de una “adquisición caprichosa, ajena al interés público”. “Es un gasto innecesario y superfluo y, aunque sea una cantidad pequeña, el desembolso de más de 3.000 euros es una distracción de dinero público de uso privativo y hay delito”, ha concluido.
“NO SE EXCEDIÓ DE SUS FUNCIONES NI ERA GARANTE DE LOS BIENES”
Por su parte, la defensa ha subrayado que la acusada tenía “delegación de facultades”, lo que le permitía contratar hasta 18.000 euros de gasto, que “dio cuenta” de la compra a “la junta de gobierno y al pleno” y que existe “un contrato y pagos fiscalizados”.
“Puede ser una decisión de mejor o peor gusto, pero no es una resolución ni injusta ni arbitraria”, ha afirmado en sala el letrado Gómez Bermúdez, quien ha rechazado que la ex edil “se excediera en sus facultades”.
Ha manifestado que la documental que ha presentado y que ha sido admitida en el trámite de cuestiones previas demuestra que hay un “expediente” de la adquisición en contra de lo afirmado por el ex secretario municipal.
“La documentación no se ha encontrado hasta que la llevó Cristóbal Fernández, cuya credibilidad queda fuera de toda duda, y llegó después de que se elaborara el atestado de la Guardia Civil” que se realizó a instancias de la Fiscalía durante las diligencias de investigación que después se judicializaron y que este martes ha sido ratificado en sala por el agente que lo suscribió.
La defensa ha señalado que el exalcalde Cristóbal Fernández ha asegurado que “las vio” en el archivo del ayuntamiento “antes de irse” y que la denuncia se interpuso “cinco año después del traspaso de poderes”.
“Ha quedado acreditado que se extralimitó de sus funciones, que no era la garante de los bienes municipales, y que no tuvo el dominio del hecho ya que la denuncia se presentó cinco años después de su salida. Estaba legitimada a hacer lo que hizo”, ha finalizado para solicitar la libre absolución de su patrocinada.
A lo largo de la instrucción, el Ayuntamiento de Carboneras ha figurado en la causa como acusación particular y la jueza del Juzgado de lo Penal 3 ha mencionado al inicio de la vista la ausencia de abogado de esta parte en sala.
Desde el consistorio gobernado por el socialista José Luis Amérigo se ha precisado que “no consta en el Ayuntamiento de Carboneras ningún tipo de resolución de ningún órgano unipersonal o colegiado acordando la interposición de la denuncia”.
La investigación se inició tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el entonces equipo de gobierno de Gicar-PP y en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad por un importe de 3.250 euros.
La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal. Su supuesta desaparición se habría detectado de “forma casual” al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos.
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