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Tribunales.-Condenado por agredir y robar en el cultivo de marihuana de un padre y un hijo, también condenados

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ALMERÍA, 15 (EUROPA PRESS)

Una juez de Almería ha condenado a un hombre que, en compañía de otras personas, acudió armado a una finca de Pechina (Almería) donde acometió el robo de entre 4.000 y 5.000 euros en una plantación de marihuana regentada por un padre y un hijo, a los que también agredió antes de marcharse, si bien que durante la huida recibió un tiro de escopeta por parte del progenitor, que junto con su hijo ha sido condenado por un delito contra la salud pública.

El fallo, consultado por Europa Press, impone penas de entre un año de cárcel y un año y siete meses para los distintos implicados a los que, en base a las conformidades alcanzadas, aplica las atenuantes de reparación de daño por haberse establecido de forma previa compensaciones económicas entre ellos, así como dilaciones indebidas ante los retrasos de un procedimiento cuyos hechos datan de 2016.

Así, da por probado que el acusado de llevar a cabo el robo, que tenía entonces 18 años de edad, se concertó con otras cuatro personas, entre ellas un menor, para acudir a la finca sobre las 22,20 horas del 4 de septiembre 2016 armados con varios cuchillos, un hacha pequeña y una pata de cabra a fin de acometer un robo en una finca, para lo que saltaron la valla.

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El acusado, junto con sus compinches, vieron al propietario del cortijo en el exterior del mismo y procedieron a golpearlo “repetidamente” antes de intentar entrar al inmueble en que se encontraba su hijo y una persona más, quienes al oír a los intrusos cerraron la puerta de entrada.

No obstante, el atracador y sus acompañantes –algunos de los cuales no han sido identificados– lograron derribar la puerta tras golpearla con una bombona de butano para acceder a la vivienda, donde golpearon a ambos moradores y les exigieron que les entregaran el dinero que poseían.

Así, el grupo de ladrones consiguió hacerse con una cantidad de entre 4.000 y 5.000 euros que los moradores de la finca poseían “del tráfico ilícito de drogas”.

Con el dinero en su poder, todos ellos salieron de la vivienda si bien en el momento de marcharse, el padre cogió una escopeta, salió al exterior y “con intención de lesionarle”, disparó en el hombro al acusado del robo. Pese a ello, consiguió darse a la fuga auxiliado por el menor que le acompañaba.

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Apenas 20 minutos después de los hechos, el padre y el hijo se apresuraron para sacar del interior de la vivienda seis recipientes que albergaban “llenos de marihuana”, los cuales cargaron en una furgoneta con la intención de “ocultar la droga”.

Durante su marcha, el conductor de la furgoneta se topó con agentes de la Guardia Civil, quienes habían sido alertados del robo. Aunque trasladó en un primer momento a los agentes su intención de acompañarlos a la vivienda desde su vehículo, una vez en el mismo trató de fugarse.

La Guardia Civil encontró posteriormente la furgoneta en una rambla de Pechina junto con la escopeta para la que el acusado del disparo tenía licencia de armas así como los seis recipientes de marihuana, que había sido escondidos en unos arbustos próximos.

Durante el registro posterior a la vivienda autorizado por un juez de instrucción de Almería, los agentes hallaron en la finca 3.700 euros procedentes de la ilícita venta de la sustancia y, en un cobertizo anexo a la vivienda, electrodomésticos dedicados al cultivo de marihuana así como numerosas macetas con tierra y cuatro plantas de marihuana seca.

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La juez condena tanto al padre como al hijo por un delito contra la salud pública toda vez que al progenitor también le impone una pena por un delito de defraudación de fluido eléctrico, ante los engaches irregulares que usaba para los cultivos, y le absuelve de un delito de tenencia ilícita de armas debido a que contaba con licencia para el uso de la escopeta.

Por su parte, al atracador le impone penas por robo con violencia, un delito de lesiones y otros dos delitos leves de lesiones, que también llevan aparejados multas económicas. La juez accedió a la suspensión de las penas privativas de libertad por un periodo de dos años con la condición de que ninguno vuelva a delinquir en dicho tiempo.


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