ALMERÍA, 10 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado al Ayuntamiento de Albox (Almería) revisar de oficio la resolución emitida en octubre de 2017 a favor de una explotación porcina situada a menos de 150 metros de la vivienda de una vecina, quien reclamó ante el Consistorio medidas “correctoras ambientales” ante los “efectos negativos de la contaminación de olores”.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada estima el recurso apoyado desde las organizaciones Stop Macrogranjas Huércal-Overa, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción Levante y solicita examinar de nuevo la licencia de calificación ambiental sobre la actividad industrial que se ejerce en el Paraje Cañico de la localidad.
Fue en octubre de 2019 cuando el Ayuntamiento recibió un escrito en el que se pedía reconsiderar los permisos ambientales que se habían concedido a la explotación de cerdos al entender que se habrían basado en una evaluación ambiental “insuficiente” debido a los “fuertes olores” que se derivaban de la actividad industrial y sus “severas” repercusiones en la salud de las personas y el medio ambiente de la zona.
Ante dichas aseveraciones, el tribunal tiene en cuenta un informe municipal de este mismo año en el que se señala un “relevante” desajuste sobre la distancia entre las viviendas y la granja, que apenas llega a los 150 metros frente a “los 400 metros de distancia” que se señalaban el proyecto de la explotación.
Si bien únicamente este dato constituye para la Sala un elemento suficiente para proceder a la revisión de oficio, también señala otros factores, entre ellos, un informe técnico de la Delegación Territorial de Agricultura en el que se detalla que no consta petición alguna por parte de la explotación ganadera sobre acreditación de recursos hídricos que se emplean.
El mismo informe señala que tampoco constan autorización de vertidos de aguas residuales, toda vez que la Delegación Territorial de Salud y Familias, en una comunicación de agosto de 2020, asegura que no tiene constancia tampoco de documentación alguna por parte de la explotación para poder analizar los posibles “efectos sobre la salud” derivados de la granja.
El tribunal apunta que estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para ordenar la revisión de oficio, si bien reserva al Ayuntamiento la potestad para resolver “lo que proceda sobre la controvertida legalidad” a la hora de determinar si la calificación ambienta es favorable o no. En este sentido, advierte que la nulidad de los permisos es “uno de los posibles pronunciamientos” derivados de la revisión.
“MÚLTIPLES Y GRAVES IRREGULARIDADES”
Los colectivos ecologistas han celebrado el pronunciamiento del alto tribunal andaluz que da la razón a la vecina demandante, quien “padece afecciones a la salud por este motivo además de no poder llevar una vida normal, en especial debido a los malos olores”, según ha trasladado Salvamos Mojácar en una nota.
Con ello, señalan que la sentencia reconoce que “la explotación comete múltiples y graves irregularidades siendo manifiestamente ilegal en casi todo aspecto imaginable” puesto que “no tiene ni ha solicitado permiso para consumo de recursos hídricos, ni para tratamiento de aguas residuales, ni para afecciones a la salud y el medio ambiente o tratamiento de olores”.
De este modo, han recalcado que en total existen “unas diez viviendas a poco más de 100 metros de la granja denunciada”, la cual “se ubica a 800 metros de núcleo urbano de Albox frente a los 1.000 preceptivos por ley”, según han añadido.
Para los colectivos, la explotación “debería declararse ilegal y ser clausurada al vulnerar al menos cuatro normativas: de agua, residuos, salud, y distancia de viviendas”, por lo que han asegurado que van a estar atentos a la ejecución de sentencia, que podría también recurrirse ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes.
“Siendo importante, es una gota de agua en un tsunami de explotaciones ganaderas crecientes que está asolando el territorio español y la comarca de levante y norte almeriense en particular, donde multitud de granjas ilegales proliferan al amparo de una corrupción urbanística y medioambiental sistémica, donde los ayuntamientos permiten las ilegalidades o incluso la amparan con falsedad documental”, han valorado.
Actualmente hay docenas de nuevos proyectos en la zona entre Huércal-Overa y Vélez Blanco que están siendo combatidos por las organizaciones firmantes, quienes a su vez anuncian que se retomarán las movilizaciones ciudadanas en la comarca ante esta amenaza renovada y creciente.
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