ALMERÍA, 8 (EUROPA PRESS)
Alumnos de las facultades de Psicología, Derecho o Graduado Social de la Universidad de Almería (UAL) completarán su formación académica con prácticas en servicios de apoyo a la Justicia como los Puntos de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA), el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) o los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) que gestiona la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
El director General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería, Esteban Rondón, acompañado de la delegada territorial de Justicia, Rebeca Gómez, han participado en la firma del convenio de colaboración con la UAL para el desarrollo de estas prácticas académicas que podrá realizar el alumnado matriculado en estudios oficiales de grado o máster.
En una nota, Gómez ha explicado que estas prácticas “son muy importantes tanto para el servicio de Justicia de la Junta de Andalucía, ya que se trata de acercar a los alumnos a un mundo que normalmente desconocen, y que tiene importantes salidas laborales, como para la Universidad de Almería, ya que ofrecen una formación complementaria a la meramente académica y permite a sus alumnos dar un salto de calidad”.
Por su parte, el vicerrector de Postgrado y Relaciones Institucionales, Fernando Carvajal, ha mostrado la gratitud de la Universidad de Almería por la firma de estos dos convenios educativos para la realización de prácticas curriculares en servicios de Justicia.
Carvajal ha puesto de manifiesto “el compromiso de la UAL para mejorar la empleabilidad de su estudiantado a través de los programas de prácticas, ya que son una de las herramientas que tiene la Universidad no solo para mejorar la empleabilidad de sus estudiantes, sino también para el retorno social a la que está obligada”.
El director general de Justicia Juvenil, Esteban Rondón, ha aprovechado su visita a Almería para reunirse con los profesionales del nuevo Servicio de Mediación Penal que comenzó a funcionar el 1 de mayo, así como con los jueces de instrucción para darlo a conocer e instar a la derivación de asuntos de delitos leves a estos servicios para impulsar la resolución extrajudicial de conflictos como vía alternativa a la litigiosidad.
Tanto el director general como la delegada territorial han defendido que la mediación iniciativa “ahorra costes, tiempo y ofrece una solución satisfactoria para las partes, ya que se basa en el acuerdo entre ambas en vez de que un tercero, el juez, imponga una decisión que normalmente no responde a los intereses de uno de los dos litigantes y a veces a ninguno”.
Además, Gómez ha señalado que fomentar alternativas para la resolución de conflictos liberará de carga de trabajo a los juzgados que “tendrán más tiempo para atender los asuntos de mayor complejidad, agilizando así los plazos de los procedimientos, que actualmente se alargan y retrasan las soluciones a los problemas de la ciudadanía”.
El impulso a la mediación incluye también su reciente inclusión en el sistema de Justicia Gratuita, que desde el 1 de enero permite a los andaluces que cumplen los requisitos para acceder a un abogado de oficio solicitar la asistencia de un profesional para este tipo de procesos. Los letrados y procuradores del turno de oficio que propicien estos acuerdos percibirán 400 euros.
Durante la jornada también se ha llevado a cabo un encuentro con distintas asociaciones de personas con discapacidad de la provincia de Almería, que tienen como finalidad “poner en marcha una Justicia accesible, más humana y cercana a todas las personas y en especial a las que presentan algún tipo de discapacidad”.
Rondón ha recordado que recientemente ha entrado en vigor la ley de medidas de apoyo a personas con discapacidad, que ha supuesto diversas modificaciones en otros textos legales.
El director general ha explicado que “para impulsar el derecho de toda persona a entender y a ser entendida, la Junta va a poner en marcha la figura del facilitador, que será el que ayude a las personas con distintas capacidades a comprender todos los trámites que conlleva un proceso judicial, y también que trabaje para que los operadores jurídicos sean capaces de empatizar y ser sensibles con las personas que tienen discapacidad”.
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