ALMERÍA, 24 (EUROPA PRESS)
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido que el río Guadalquivir “está más que analizado y monitorizado”, después de que un estudio de la Universidad de Sevilla haya recomendado no pescar albures por una posible contaminación por metales pesados procedente de las minas de Las Cruces.
En declaraciones a los periodistas, Fernández-Pacheco ha lanzado un “mensaje de tranquilidad” y ha subrayado que “toda actividad que se autoriza en Andalucía, sin excepción, pasa por un examen exhaustivo por parte de los servicios técnicos de la Junta”, que son los encargados de garantizar su viabilidad ambiental.
El consejero ha recalcado que “la tramitación ambiental de cualquier proyecto que se emprende en Andalucía, bien sea minero o sea de cualquier otro tipo, está sujeta a ese procedimiento”, y ha asegurado que “en el caso de que la Junta de Andalucía detectara cualquier problema actuaría en consecuencia”.
“Que a nadie le quepa ninguna duda”, ha remarcado Fernández-Pacheco, al tiempo que ha insistido en que es la autoridad ambiental andaluza la que vela por el cumplimiento de todas las garantías antes de autorizar cualquier proyecto.
EL INFORME PIDE UNA MORATORIA MINERA
El informe, elaborado por investigadores de las universidades de Sevilla, Granada y Cádiz, advierte del efecto contaminante que la actividad minera provoca en el estuario del Guadalquivir, donde se han detectado metales pesados en los sedimentos desde hace más de una década.
El estudio ha identificado concentraciones elevadas de elementos como el plomo en peces de consumo humano, como el albur, y ha relacionado esta acumulación con vertidos procedentes de explotaciones mineras próximas.
Los expertos han advertido de que esta situación ha provocado consecuencias ecotóxicas en la fauna del río, con efectos sobre su desarrollo y capacidad reproductiva. Además, han alertado de que algunos niveles superan los umbrales recomendados para el consumo y han pedido una evaluación urgente sobre los riesgos para la salud pública y el medio ambiente.
Ante este escenario, el informe propone aplicar una moratoria a nuevos vertidos mineros en la zona, lo que supondría paralizar temporalmente la concesión de permisos hasta que se evalúe con profundidad el estado del estuario y sus posibles consecuencias.
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