ALMERÍA, 13 (EUROPA PRESS)
El procedimiento en el que se que decide si procede multar al alcalde de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo, o si el Ayuntamiento ha dado cumplimiento a la sentencia firme que le obliga a desclasificar como suelo urbanizable el Algarrobico ha quedado suspendido hasta que se resuelva el incidente de recusación que se ha presentado contra la magistrada-ponente.
Así lo ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una diligencia de ordenación en la que designa como instructor de la pieza separada al magistrado Silvestre García, y requiere a Salvemos Mojácar para que, en el plazo de cinco días, acredite ante la sala un poder especial para recusar.
Salvemos Mojácar presentó incidente de recusación contra la magistrada-ponente del tribunal que ejecuta una de las sentencias desfavorables al hotel de Azata y alegó, entre otras cuestiones, que habría actuado “junto al abogado actual del Ayuntamiento” en el dictado de una resolución de 2014 que era “opuesta” a sus intereses y en la que se declaró que el paraje era área urbanizable.
La asociación solicita que se acuerde nombrar a un nuevo magistrado ponente para ejecutar el fallo que obliga al consistorio a calificar El Algarrobico de “especial protección” y por el que está apercibido desde hace casi un año con multa coercitiva y denuncia ante el Ministerio Fiscal el alcalde en funciones de Carboneras.
Argumenta Salvemos Mojácar que la magistrada dictó la sentencia de la misma sala que, en 2014, estimó un recurso de la promotora del hotel para concluir que el suelo era zona ‘D’ o área urbanizable de acuerdo al Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, y remarca que lo hizo junto a un ex magistrado del TSJA y ahora “letrado del Ayuntamiento”.
Sostiene que la citada sentencia es “opuesta” a la que ahora está ejecutando como ponente y que califica El Algarrobico como no urbanizable dado su valor medioambiental, por lo que su presencia supondría “vulnerar” el derecho constitucional de la asociación a una tutela judicial efectiva.
La organización conservacionista apunta, asimismo, como causa de recusación que la magistrada “tiene un interés directo e indirecto en el pleito” ya que en su día acordó que “los terrenos eran urbanizables” y dictó una sentencia “contraria” a su “intereses”.
Concluye que la magistrada contra la que presenta el recurso ya tenía un previo “conocimiento del objeto del pleito” que ahora está ejecutando como ponente y que, por tanto, “se había formado un criterio muy concreto”.
El Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) ya remitió en abril al TSJA una queja, en este caso de Ecologistas en Acción, por “inacción” respecto a la ejecución de las sentencias firmes sobre El Algarrobico, aunque rechazó la adopción de medidas ya que afectarían a la “función jurisdiccional” de los magistrados en sus “decisiones procesales”.
El CGPJ limitó su actuación a “poner en conocimiento” de ambos tribunales la queja y declinó pronunciarse sobre las referencias del colectivo ecologista a la “contratación” por parte del Ayuntamiento de Carboneras para “su defensa” de un exmagistrado del TSJA en excedencia que fue el que “intervino” en un fallo favorable al hotel de Azata.
Los últimos hitos en la ejecución de una de las sentencias referentes al hotel de Azata es que Greenpeace ha advertido al TSJA de que la declasificación del suelo que se aprobó en el pleno de Carboneras el pasado 26 de abril “es nula”, mientras que la sala dio un ultimátum al alcalde bajo el apercibimiento de multas coercitivas de 700 euros cada 20 días y denuncia al Ministerio Fiscal por un presunto delito de desobediencia, si bien los primeros avisos se remontan a julio de 2022.
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