ALMERÍA, 16 (EUROPA PRESS)
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha reclamado este miércoles que los planes para la erradicación del chabolismo lleven aparejados una alternativa habitacional “digna y consensuada” con el colectivo de moradores, puesto que los mismos “no pueden consistir en la demolición de viviendas” sin ningún tipo de recurso “como ya ha sucedido en varias ocasiones”.
Así lo han reclamado de cara al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebra este jueves ante la “dura realidad” que se produce en asentamientos chabolistas de Almería, ocupados esencialmente por “jornaleros migrantes que trabajan el campo andaluz”.
La entidad se ha referido al I Plan Local Integral para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas en el término municipal de Níjar (Almería) en el que, según han indicado, se señala como medida a implementar “sin concretar cuándo ni cómo” la creación de un protocolo de desalojos que corrija “las posibles deficiencias anteriores”.
Para Apdha, dicha medida “aún sin definir” dejaría entrever “cierto enfoque punitivista, cuando menciona en primer lugar el papel del Área de Seguridad para llevar a cabo la erradicación de asentamientos, citando por último a los Servicios Sociales”.
“No habría necesidad de contar con las fuerzas de seguridad si a las personas afectadas se les ofrecieran realmente alternativas dignas que atiendan a sus necesidades”, han asegurado.
Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama un “alojamiento digno” para “un conjunto de personas que conforman el principal pilar de la industria hortofrutícola de Almería”, así como también “políticas públicas en materia educativa, sanitaria, social y comunitaria que pongan en el centro los derechos humanos de estas personas, con especial atención a niños, niñas y mujeres”.
INFORME SOBRE LA FRONTERA SUR
El colectivo ha informado también de que trabaja en la elaboración del Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024 ‘Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería’, un estudio del campo andaluz financiado por Oxfam mediante fondos europeos con el que se pretende “arrojar luz sobre la realidad cotidiana de las personas migrantes que trabajan y viven en Huelva y Almería”.
“En las entrevistas individuales y en los grupos de discusión que estamos realizando en la provincia de Almería se están constatando las extremas condiciones de vida que sufren los trabajadores y trabajadoras del campo”, han advertido ante cuestiones como las “barreras” a los servicios sociosanitarios “más básicos” que se encuentran los moradores de asentamientos chabolistas.
De igual modo, aseguran que sus pobladores “viven con el miedo en el cuerpo por la posibilidad de que sus precarias chabolas sean incendiadas o puedan sufrir, de la noche a la mañana, un desalojo que los deje en plena intemperie y sin ninguna alternativa habitacional, como ya ha ocurrido en otras ocasiones”.
Desde la Apdha afirman que han contactado con las diferentes administraciones públicas con responsabilidad en la materia, tanto con los ayuntamientos de Níjar y El Ejido, como con la Junta de Andalucía, para poder conocer los resultados del estudio previo a la elaboración del primer Plan Andaluz para la Erradicación del Chabolismo, “ya que el mencionado documento no es accesible a través de la web oficial del Gobierno andaluz”.
La asociación andaluza ha lamentado “la total ausencia de políticas públicas para ofrecer alternativas dignas a las personas que se ven obligadas a vivir en los asentamientos chabolistas existentes en la provincia de Almería”.
Según explican desde Apdha, “el Plan Andaluz para la Erradicación del Chabolismo no es más que un brindis al sol, puesto que los avances y antecedentes del mismo no son accesibles a la ciudadanía y la realidad demuestra que las condiciones de vida de los jornaleros y jornaleras migrantes no han mejorado lo más mínimo”.
Así, creen que las actuaciones de los gobiernos “van encaminadas a invisibilizar estas realidades” y a “cumplir de cara a la galería”. La entidad ha recordado que facilitar el acceso a viviendas en condiciones dignas “es una cuestión de justicia y de cumplimiento de la legalidad vigente y, por tanto, no se trata de caridad o de buena voluntad”.
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