ALMERÍA, 21 (EUROPA PRESS)
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha elevado un escrito al ministro del Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, en el que advierte que el proyecto de modificación que desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los servicios centrales y territoriales de la Policía Nacional supone “un agravio para la Guardia Civil”, según este documento que firma el secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño.
“En el citado proyecto se observa por parte de esta asociación profesional un claro agravio a la Guardia Civil que no se sustenta en ningún criterio policial ni operativo”, agrega la carta que señala que entre las medidas que se estaría valorando llevar a cabo por el Ministerio se encontrarían la creación de una nueva comisaría de la Policía Nacional en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.
“Esta actuación se lleva a cabo sin haberse informado de ello a la Guardia Civil, y por lo tanto, desconociéndose los plazos y el alcance de la inevitable afectación a las competencias del puesto de dicha localidad y a la plantilla de guardias civiles que trabajan en el mismo”, avisa Ernesto Vilariño en la carta.
“Esta decisión afecta de manera obvia tanto al personal destinado en Roquetas de Mar como también a sus familias, por lo que entendemos necesario por tanto que, de manera previa, el proyecto normativo que pudiera ampararlo cumpla lo dispuesto en los artículos 44.1 y 54 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre”, añade el escrito dirigido al titular de Interior.
“SIN RESPUESTAS”
“Cabe destacar que se elevó una consulta de este extremo a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la Subdelegación del Gobierno en Almería y al alcalde de Roquetas de Mar con fecha de 17 de marzo de 2023, sin obtener respuesta por parte de ninguna de las instituciones indicadas”, agrega el escrito de Jucil.
QUIZÁ “MEROS ESTUDIOS”
La asociación reclama así que el titular de Interior explique y aclare si “la falta de información al respecto hace pensar que se trataría, a día de hoy, de meros estudios o informes y en ningún caso de un proyecto normativo”, como expone Vilariño.
El secretario general de Jucil reitera así “lo dispuesto en los artículos 44 y 54 de la Ley Orgánica 11/2007, aplicable a todo proyecto normativo que incida sobre el personal de la Guardia Civil, sin limitarlo al que pueda proceder de la Dirección General de la Guardia Civil o tener como destinatario directo del mismo a esta o a su personal”.
En cualquier caso, y pese a que la reciente convocatoria de elecciones generales anticipada “habrá detenido sin duda cualquier posible iniciativa formulada en los términos anteriores, dada la importancia de dichas cuestiones”, Vilariño pide que el responsable de Interior aclare “si se llevan a cabo en el Ministerio que dirige informes o iniciativas (en particular, normativas) de cualquier tipo que tengan entre sus objetivos las anteriores materias, y en caso afirmativo, se remita a esta asociación profesional la información disponible sobre el particular a la fecha de remisión y se paralice su tramitación hasta la confirmación de un nuevo Gobierno tras las Elecciones Generales ya convocadas”.
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