ALMERÍA, 21 (EUROPA PRESS)
La fiscal ha afirmado que las presuntas prácticas defraudatorias a la Hacienda Pública “eran un modo de vida” para el empresario hotelero Miguel Rifá y ha asegurado que “planificó” el alzamiento patrimonial del que se le acusa porque “nunca hubo buena fe ni existió voluntad” para el “pago” de las millonarias deudas contraídas con la Agencia Tributaria.
“Miguel Rifá controla, planifica, dirige y, cuanto menos, ejecuta todas las operaciones, y es responsable directo y único de todas sus deudas”, ha indicado la fiscal, quien ha remarcado que él mismo ha reconocido en juicio oral, “con lucidez, claridad y memoria” ser el “propietario último de todo el entramado imbricado de más de 100 sociedades interpuestas”.
En el trámite de informes que se ha celebrado ante la Audiencia Provincial de Almería este jueves, el Ministerio Público ha elevado a definitivo su escrito de acusación con la única salvedad de la retirada de uno de los delitos fiscales, en concreto el relativo al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2008, que se le imputaban al empresario hotelero.
Según ha precisado al tribunal, la responsabilidad civil por el delito del alzamiento de bienes quedaría en 92,7 millones de euros frente a los 98,3 millones de euros en los que estaba fijada y las penas de prisión en 26 años y once meses frente a los 29 años y once meses solicitados inicialmente.
En sus conclusiones, la fiscal ha señalado que Rifá, para “planificar” el supuesto alzamiento patrimonial, contó con la “inestimable colaboración y el asesoramiento experto” de I.M.M., al que apunta como cooperador necesario, y “omnipresente” en “todo el entramado” por la “confianza que depositó en él”.
Para él, la fiscal interesa un total de 17 años de prisión como autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y de un delito de insolvencia punible.
“La actuación conjunta de ambos es una forma de vida”, ha trasladado para añadir que el resto de los enjuiciados, en una estructura “jerarquizada”, habrían prestado “una innegable y necesaria colaboración” a los dos principales acusados.
La fiscal ha hablado de “testaferros de libro” y de “cooperadores necesarios” para dar “una apariencia de legalidad” a las operaciones que permitieron consumar “un vacío patrimonial” de las empresas del grupo que tenían deudas con la Hacienda Pública, al tiempo que ha rechazado la tesis de las defensas que sostienen que la finalidad era la de “reestructurar la empresa para solucionar la situación insolvencia patrimonial” derivada de la crisis financiera de 2008.
“La crisis que alegan existió, pero los informes de la AEAT revelan que no tuvieron pérdidas, sino beneficios que no destinaron al pago de deudas por nunca hubo buena fe”, ha subrayado para remachar que las operaciones fueron “para descapitalizar y evitar los embargos”.
Ha considerado acreditado el Ministerio Público que actuaron, asimismo, con “una absoluta opacidad malintencionada” para evitar que la AEAT “desenmarañara la trama” y con un “absoluta falta de colaboración” y ha hecho alusión a las “solicitudes continúas de aplazamiento a fin de ganar tiempo para hacer vaciamiento patrimonial de las sociedades sin deudas”.
“CUATRO MECANISMOS DE OCULTACIÓN A HACIENDA”
Por su parte, la Abogacía del Estado, que cuantifica la deuda generada entre 2008 y 2012 en 91,3 millones de euros aunque “ha ido generando más deuda” por valor de dos millones de euros, ha distinguido en sus conclusiones “cuatro mecanismos de ocultación” por parte, presuntamente, de los acusados.
Ha apuntado la creación de “una estructura compleja, con sociedades adquiridas de manera exclusiva para el alzamiento, ocultando activos con múltiples cambios de denominación y domicilio y absorciones para confundir a la AEAT”, y ha señalado también la supuesta “simulación de negocios jurídicos entre empresas vinculadas en la que se transmiten activos sin recibir aporte dinerario”.
“Nunca actuaron por motivos económicos, eran operaciones plenamente simuladas para vaciar patrimonio y evitar los embargos”, ha asegurado al tiempo que ha hecho referencia a las sociedades en Portugal y en “paraísos fiscales” como Islas Vírgenes.
El tercer “mecanismo”, según ha precisado la Abogacía del Estado, habría sido el de “distraer” a la Agencia Tributaria “dando apariencia de legalidad a las actas de conformidad, incumpliendo el calendario de pagos o iniciando numerosos procedimientos de aplazamiento” para evitar que “saltasen las alarmas con técnicas de obstrucción a la obligación de pago”.
“Acumular papel, tasaciones sobrevaloradas, interposición de recursos”, ha desgranado para añadir que, entre esas prácticas, también habría estado la de “proteger los principales activos hoteleros” del grupo con “contratos de arrendamiento a 25 años a sociedades del mismo grupo”. “Querían ocultar los hoteles a la AEAT para que no se los embargaran”.
Para finalizar, ha hablado de “incobrables deudas por millones de euros” que fueron “generadas por ellos mismos” y ha asegurado que contaban con “liquidez aunque esto era desconocido para la Hacienda Pública”.
“Hay un dolo porque conocían como personas expertas de la existencia de las deudas ya que si no, no habrían creado ese entramado con la verdadera intención de eludirlas y conocían que su actuación perjudicaba a la AEAT con un plan perfectamente organizado que evitar que pueda cobrar esas deudas”, ha concluido.
Por su parte, las defensas han solicitado la libre absolución de sus patrocinados o, de manera subsidiaria, que el tribunal tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas.
Para la fiscal no procedería ya que la “única paralización que se aprecia” fue entre febrero de 2020 y junio de 2021, lo que coincide con la declaración del estado de alarma por el covid-19, y “no deja de ser muy poco en una causa tan compleja donde todas las demás paralizaciones son por continuos requerimientos y recursos imputables a los acusados”.
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