ALMERÍA, 1 (EUROPA PRESS)
La diputada nacional del Partido Popular de Almería adscrita a la Comisión de Política Territorial del Congreso, Maribel S. Torregrosa, ha pedido al Gobierno de España, que preside, Pedro Sánchez, que tal y como se aprobó en el mes de diciembre en dicha comisión a instancias del PP, dote a los ayuntamientos de financiación suficiente para que puedan cumplir con la nueva ley sobre colonias felinas, ya que la normativa establece la obligación de las administraciones locales de aplicar el método CER –captura, esterilización y retorno– como protocolo de actuación.
Además, los gobiernos locales deben llevar a cabo un seguimiento continuo de las condiciones de vida de los animales, la garantía de su salud y seguridad y la colaboración con asociaciones protectoras y voluntarios, según señala la formación política en una nota de prensa.
Torregrosa subraya que el control de los gatos existentes en los núcleos urbanos siempre ha sido una atribución municipal, pero recuerda que la entrada en vigor de la nueva regulación aumenta de forma exponencial las exigencias atribuidas a la administración local, lo que se debería plasmar en un aumento de dotación técnica, humana y financiera.
La diputada del PP recuerda que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que cualquier ampliación de competencias impropias debe ir acompañada de financiación suficiente para cubrir los costes efectivos, sin embargo, “el Gobierno de Sánchez impone sin proporcionar los recursos necesarios para su implementación en coordinación con los ayuntamientos.
“Todo esto supone un desafío considerable para las administraciones locales que deben asumir responsabilidades adicionales en un contexto complejo en cuanto a la gestión de los recursos municipales, sin que se les haya dotado de los recursos adecuados para su cumplimiento, por lo que se ven obligadas a desviar fondos de áreas esenciales para cubrir las responsabilidades impuestas por el Gobierno del PSOE”, afirma.
Torregrosa remarca que en el artículo 39.2 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, determina que la Administración General del Estado debe establecer líneas de subvención en favor de las entidades locales, para el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a las colonias felinas, algo que ya ha ejecutado en parte el Ministerio de Derechos Sociales, aunque con una financiación totalmente insuficiente.
“La ampliación de las competencias no puede quedar sometida a la introducción de meras líneas de subvención, sino que es fundamental que el Gobierno asuma su responsabilidad en la financiación y coordinación de estas políticas para evitar que se conviertan en una carga insostenible para los Ayuntamientos”, manifiesta.
Por último, la diputada del PP pide que se establezca un mecanismo de coordinación y apoyo técnico entre el Gobierno y las administraciones locales para garantizar la correcta implementación del protocolo de gestión de colonias felinas y que el Gobierno impulse la formación especializada para los técnicos municipales encargados de la gestión de las colonias felinas, así como para los cuerpos de seguridad locales con el fin de asegurar una actuación adecuada y conforme a los principios de bienestar animal.
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