ALMERÍA, 4 (EUROPA PRESS)
El Gobierno prevé completar en las “próximas dos semanas” su valoración económica de las fincas bajo vigilancia radiológica por contaminación con plutonio y americio en Palomares (Almería) cuya expropiación forzosa se acordó en Consejo de Ministros en 2021 y finalizar la remisión de las diferentes propuestas a los propietarios, quienes tendrán entonces diez días de plazo para aceptarlas o rechazarlas.
La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el ministerio.
Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos de los municipios en los que se localiza el suelo contaminado y constructoras que adquirieron el suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.
Así, una de las promotoras inmobiliarias concentra la propiedad de 18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo urbanístico.
De las 44 fincas cuya expropiación forzosa se ha acordado, se ha remitido ya la valoración económica de la administración a cinco de sus propietarios, mientras que, en las “próximas dos semanas”, se enviarán el resto de propuestas hasta completar esta fase del trámite, según han informado a Europa Press desde la Subdelegación en Almería.
El Gobierno ha realizado cada una de las valoraciones de “manera individual” y de acuerdo a un “criterio técnico” por las “características” de cada finca y “teniendo en cuenta la valoración inicial que hizo el propietario”. En caso de que los afectados rechacen la cuantía ofertada, el expediente pasará al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para fijación de justiprecio.
El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) informó en junio de 2021 de que no resultaba “aconsejable” que el ejecutivo formalizase “una nueva prórroga” de la ocupación temporal que se decretó en 2010 para las fincas bajo vigilancia radiológica ni la extensión del contratos de arrendamiento firmados con los dueños de algunas de ellas y aludía a que no se han terminado aún “los trabajos de recuperación”.
Señaló que lo “pertinente” en este caso era la expropiación forzosa de todos los terrenos que “continúan afectados” desde 1966 por la caída de cuatro bombas termonucleares tras la colisión en el aire entre un bombardero y un avión nodriza de las fuerzas aéreas de EEUU.
Según la documentación consultada por Europa Press, desde 2010 y una vez que finalizó el plazo inicial de tres años de ocupación temporal, se produjeron “varias prórrogas”, la primera de cinco años y la segunda por dos años.
Igualmente, existen “numerosos” contratos de arrendamiento concertados con los propietarios de 10,52 hectáreas ubicadas en las zonas 2, 3, y 2-bis, en Vera y Cuevas del Almanzora, mientras que en ocupación hay 21,79 hectáreas en la zona 6 (Sierra Almagrera) de terrenos también contaminados con el Ciemat como arrendatario y con la finalidad “de restringir su uso”.
“NECESIDAD DE MANTENER EL CONTROL” SOBRE EL SUELO RADIACTIVO
La expropiación forzosa se justifica, así, en la necesidad de “mantener el control” sobre el suelo afectado “residualmente por contaminación” de acuerdo al artículo 35 del Tratado Euratom ya que no se han terminado los trabajos de recuperación y también en el hecho de una “nueva prorroga excedería la indemnización del valor de las fincas”
El Ciemat advirtió, asimismo, de que la “disparidad” de instrumentos jurídicos existentes sobre los terrenos afectados, era “obligado” declarar la utilidad pública a efectos de “salvaguardar la salud pública y permitir la estrecha vigilancia radiológica de los terrenos afectados con el fin último de proceder a la expropiación forzosa de dichos bienes”.
El acuerdo de Consejo de Ministros incluyó, asimismo, un documento técnico en el que se informaba de la disponibilidad de 345.127,95 euros de presupuesto para la expropiación en Vera y en Cuevas del Almanzora.
Desde la Subdelegación se ha precisado que, sin tener en cuenta ninguna valoración previa, una vez se determine el justiprecio de las fincas, el Ciemat como entidad beneficiaria “habilitará los créditos necesarios para soportar dicho gasto”.
La Audiencia Nacional rechazó en julio de 2021 con dos votos particulares las pretensiones de Ecologistas en Acción de obligar a fijar plazo para ejecutar en Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en 2010 al considerar que el Consejo de Seguridad Nuclear “no es el órgano competente al que debían dirigirse”. Dos magistrados señalaron, por contra, que el CSN debía haber culminado el proyecto de rehabilitación y haber dado un plazo razonable para ello.
España tenía que haber informado a finales de 2021 a la Comisión Europea de los “progresos” alcanzados respecto al plan de limpieza “definitivo” por el que se debe “eliminar” el suelo contaminado para su “deposito de forma segura” en un almacenamiento “a largo plazo”.
La CE recomendó hace una década que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación y la limpieza de la tierra “para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico” en especial en las zonas 2,3 y 6 “teniendo en cuenta la muy larga vida media” de los “contaminantes” allí presentes.
Recogía que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba “una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas a 5 mSv por año”.
MEDICIONES DE PLUTONIO Y AMERICIO
Por otro lado, el CSN reanudó en 2021 las mediciones de plutonio en el área bajo vigilancia radiológica con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis dieron como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.
Los análisis radioquímicos trataron 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.
El informe concluyó que estos 107 análisis habían dado como resultado la identificación de “72 emisores alfa”, si bien precisó que solo se había completado la medición de 25 para “determinar” la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.
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