CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería) ha rechazado que se haya producido cualquier tipo de “intervención política” en el proceso seguido en 2017 para cubrir una plaza de arquitecto técnico por concurso-oposición durante 12 meses en el Consistorio después de que los tribunales hayan dado la razón a una aspirante que, tras conseguir una mejor puntuación en el proceso, no obtuvo la plaza.
El alcalde del municipio, el socialista Antonio Fernández, ha contestado en un comunicado a las críticas efectuadas al respecto desde el PP, donde afearon el “abuso de poder” que, a su juicio, supuso una contratación a “capricho” que “habría costado al bolsillo de los ciudadanos cerca de 40.000 euros, entre sentencia, costes procesales y gastos en abogados”, según han calculado.
“Sembrar mentiras ante un procedimiento claro y transparente para poner en duda a un alcalde es realmente triste”, ha lamentado Fernández, quien ha señalado que “la persona que resultó ganadora de la plaza estuvo trabajando el año que estipulaba la subvención del SAE, tal y como establece la Ley”.
Con ello, el primer edil ha recomendado a los ‘populares’ que “si quieren buscar corrupción, que miren a otra parte, a Almería, por ejemplo, porque en este Ayuntamiento desde que está Antonio Fernández todo es claro y transparente”.
Así, desde el Consistorio han encuadrado todo el proceso en un procedimiento administrativo “en el que el SAE envía los candidatos” y en el que un tribunal “técnico” selecciona a los mismos “con una serie de pruebas y entrevistas que figuran en actas, así como su decisión”.
No obstante, y tras la inadmisión por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación elevado por el Ayuntamiento, los tribunales confirman la sentencia del TSJA por la que el Consistorio deberá indemnizar con cerca de 20.000 euros a la aspirante que obtuvo la mejor puntuación en el proceso y que no fue contratada en detrimento de otra.
El Ayuntamiento ha insistido en que todo el proceso realizado “es público” y “toda la documentación que ha sido requerida por cualquier persona respecto al mismo ha estado y está a disposición de quién la requiera, y, por supuesto, notificada a los interesados en tiempo y forma”.
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