SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento de Andalucía debatirá el próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía con la que reclama a la Junta de Andalucía y a Administración del Estado “que cesen de conceder ayudas al desarrollo a Marruecos de manera inmediata”, así como a “cesar todo tipo de relaciones comerciales con Marruecos y el resto de países terceros sobre las que tengan competencia exclusiva, que a la postre supongan una competencia desleal contra nuestros productores”.
Otra petición de su iniciativa parlamentaria es que ambas administraciones planteen a las instituciones de la UE “la necesidad de adoptar medidas de apoyo, entre otros, a los puertos andaluces de titularidad estatal tras la entrada en vigor del ETS (Emissions Trading System) para paliar los daños económicos provocados por la directiva medioambiental del ETS (Emissions Trading System) en tanto en cuanto es derogada”.
En este sentido la iniciativa parte en su primer punto de la petición a la Junta de Andalucía para que muestre “su apoyo a los trabajadores y empresas que operan en el Puerto de Algeciras afectados por la sustitución de la escala de navieras en dicho puerto por el puerto de TangerMed, en Marruecos”, hecho que atribuye a “la implementación de la directiva europea medioambiental Emissions Trading System (ETS), así como de las medidas medioambientales ‘Fit for 55’ (Objetivo 55)”.
Vox argumenta aquí muestra “la necesidad” de que ambas directivas “sean derogadas para garantizar la viabilidad y competitividad del sector con respecto a terceros países” y de esa forma “evitar la competencia desleal y la deslocalización de actividad comercial a favor de los puertos extracomunitarios y que provocarán graves perjuicios económicos a nuestros trabajadores y empresas”.
De igual forma pide a ambas administraciones “trasladar a las autoridades europeas competentes el rechazo y la necesidad de derogar los acuerdos comerciales y cesar las ayudas a países terceros extracomunitarios que suponen una competencia desleal para nuestros sectores productivos vulnerando los principios fundacionales de la Unión Europea y del Mercado Único”, petición a la que añaden “solicitar a las autoridades europeas competentes un apoyo firme y unánime frente a las continuas agresiones comerciales realizadas por el régimen de Rabat”.
Demanda Vox en Andalucía que la Cámara autonómica exprese su rechazo a “los Estados que actúen como paraísos de emisiones”, así como a “las políticas verdes de la Unión Europea que han originado esta problemática, especialmente las derivadas de la nueva directiva europea medioambiental Emissions Trading System (ETS)” al argumentar que conlleva “la creación de un mercado de compraventa de derechos de emisión de gases contaminantes que no atiende a los intereses ni a al bienestar social de los españoles”.
Cree que propicia “la deslocalización de los servicios de transporte, especialmente marítimos, desde los puertos del sur de Europa hasta otras plataformas portuarias extracomunitarias que operan en situación de desigualdad y competencia desleal”.
Requiere Vox que Junta y Gobierno diseñen “un plan estratégico de soluciones conjuntas de mejora y modernización para las infraestructuras portuarias”, que prevea “una simplificación burocrática de los procedimientos administrativos, dada su actual lentitud, así como la ampliación de las plantillas de empleados públicos dedicados a tramitar dichos procedimientos”.
Plantea a ambas administraciones “la modernización de la inspección en los puestos de control fronterizos de los puertos españoles ante las demoras que se producen de forma recurrente en el paso de mercancías, causando pérdidas de tráfico y daños económicos, para agilizar los despachos de mercancías y garantizar el correcto control fronterizo de las mismas, evitando así el desvío de cargas a otras dársenas europeas o la entrada de productos que no cumplen con la normativa vigente”.
En este sentido exige al Gobierno andaluz la creación de “una Oficina contra el Fraude en el Reetiquetado”, órgano al que atribuye asumir “las actuaciones de control en la entrada y distribución de las mercancías alimentarias importadas procedentes de terceros países”.
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