MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha reclamado al Gobierno central que destine al menos el 1% de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a educación universitaria, al tiempo que ha propuesto crear un Proyecto Estratégico para la Transformación Económica (Perte) dirigido a esta materia y a la I+D.
Así lo ha puesto de manifiesto en el Desayuno informativo de la Universidad de Alcalá de Henares que se ha celebrado esta viernes en Madrid. Durante su intervención, ha subrayado la necesidad de aprovechar la financiación europea e instrumentos ya creados como los Perte para incrementar los recursos dirigidos a la universidad y a la investigación, que “han demostrado tener un carácter estratégico en la transferencia de conocimiento al tejido empresarial y en el desarrollo económico del país y del conjunto de comunidades”, según nota de prensa.
A su juicio, esos nuevos fondos “permitirían mejorar la sostenibilidad del sistema y alcanzar mayores cotas de excelencia y convertirían a los campus en ejes de la transformación económica basada en el conocimiento”.
En ese contexto, ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos aporta a su universidad en relación con el PIB y la cuarta en esfuerzo presupuestario dentro de toda España, por lo que esta fuente de financiación adicional contribuiría a fortalecer todavía más esa relevancia de la que ya disfruta.
Por otro lado, Gómez Villamandos ha criticado que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) “generará universidades de primera y de segunda”, con una formación a distinta velocidad según el territorio. En ese sentido, ha explicado que ese texto legal “resquebraja y desintegra el sistema creando 50 sistemas universitarios diferentes; es decir, tantos como universidades públicas existen en el conjunto nacional”. Además, ha advertido de que puede provocar efectos adversos durante décadas “lastrando las oportunidades de los jóvenes”.
Para paliar esa situación, el titular de Universidad ha explicado que desde Andalucía se está trabajando en una doble vía: analizando la posible inconstitucionalidad en la que incurre este texto y modificando el marco normativo autonómico con el fin de minimizar “en todo lo posible” los efectos de su entrada en vigor.
“Se pretende ofrecer soluciones a las necesidades normativas y estratégicas que demandan las universidades y a las que la LOSU no ha atendido”, ha aclarado, para añadir que “se deberán orientar los esfuerzos, principalmente, a dar certidumbre al profesorado, a estudiantes, al personal de administración y servicios, a las familias y a la sociedad en su conjunto”.
Gómez Villamandos ha defendido “una universidad libre y crítica, al margen de imposiciones ideológicas y adoctrinamientos políticos” que sean competitivas en docencia, investigación, transferencia e internacionalización y que ofrezcan oportunidades a los jóvenes en conexión con el tejido productivo. Todos esos aspectos tendrán su reflejo en la Ley Andaluza de Universidades, que acaba de finalizar su consulta previa a la ciudadanía como paso previo a la elaboración del Anteproyecto de Ley.
El texto andaluz recogerá también otras medidas como el diseño de un modelo de carrera académica que dé respuesta a las aspiraciones profesionales del profesorado y permita retener y atraer talento, la profesionalización de la gestión universitaria a través del personal de administración y servicios y el refuerzo del papel de los consejos sociales en la relación entre universidad y empresa.
MAYOR FINANCIACIÓN
Precisamente, en su exposición, el consejero ha reiterado que la LOSU generará más gastos, pese a contar con menor financiación por parte del Gobierno central. Solo las modificaciones aprobadas relativas a la figura de ayudante doctor supondrán para las universidades de Andalucía un coste de 20 millones de euros adicionales. En una carta remitida al ministro de Universidades, Joan Subirats, Gómez Villamandos ya alertaba de ello, a la vez que le exigía financiación para afrontar el sobreesfuerzo que implica para las comunidades cumplir con los requerimientos contenidos en la norma.
Según ha advertido, el nuevo marco legal es “ineficaz, lo complica todo y no soluciona nada”, a la vez que ha asegurado que “provocará más incertidumbre en el sistema universitario y aumentará su precariedad, lo que redundará negativamente en la formación. Para justificar esa afirmación, ha argumentado que posibilita figuras similares con distintas obligaciones docentes e investigadoras, dificulta que jóvenes brillantes accedan a la carrera académica, desprestigia la figura del profesor asociado y no avanza en gobernanza, internacionalización, equidad, transferencia del conocimiento ni en la conexión de la universidad con la sociedad.
De igual modo, ha denunciado la falta de consenso y de diálogo que ha caracterizado al diseño y tramitación de la ley estatal, asegurando que se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas dando como resultado una norma que no satisface a nadie: ni a rectores, ni a buena parte de las comunidades autónomas ni a gran parte de la comunidad universitaria.
El consejero de Universidad ha lamentado que la LOSU se “queda corta” para el sistema universitario andaluz y perjudica su proyección futura, por lo que ha concluido que “Andalucía y sus universidades necesitan una ley que afronte sus retos actuales y de futuro, no una ley que las siga viendo como instituciones del siglo pasado”. Además, ha remarcado que “este marco no nos acerca a Europa y rompe la tradición de leyes universitarias que han ido mejorando el sistema”, a la vez que ha confiado en que finalmente se derogue.
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