SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha mostrado este miércoles su rechazo a la Ley Orgánica del sistema universitario (LOSU), “tal y como está planteada en estos momentos”, al tiempo que ha pedido “cambios y diálogo” en su tramitación parlamentaria.
Villamandos ha efectuado estas declaraciones en la comparecencia que ha ofrecido en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados para abordar el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), según ha trasladado la Junta en un comunicado.
En este sentido, Gómez Villamandos, que ha intervenido en calidad de experto, ha reivindicado una ley que afronte los retos actuales y futuros del sistema universitario, que nazca del consenso entre los grandes partidos y la comunidad universitaria”. “Necesitamos una Ley de máximos, que dé respuesta a las demandas que llevan planteando las universidades desde hace mucho tiempo y las prepare para los retos del presente y futuro”, ha destacado.
El titular de Universidad ha alertado de que “su generalización, vaguedad y desregularización en muchos aspectos abre la puerta a una gran disparidad en la configuración de las universidades, sin mínimos comunes propios de un sistema”.
Además, ha advertido que “la posibilidad de que las agencias autonómicas puedan evaluar en el proceso de acreditación para plazas de funcionarios del Estado plantea serias dudas sobre el mantenimiento de criterios con la homogeneidad necesaria o el respeto al principio de igualdad y podría conllevar la ruptura de los cuerpos nacionales universitarios, contribuyendo a la disgregación del sistema universitario”.
Gómez Villamandos ha asegurado que “estamos ante una Ley con menos capacidad para desarrollar el talento, con más gasto y menos financiación para la Universidad, como lo demuestra el hecho de considerar indefinidos a los profesores asociados para rebajar el 8% la temporalidad contractual en la Universidad española que, en muchas de ellas, se encuentra ahora en torno al 40%”.
De esta forma, a su juicio, “se pervierte la figura del asociado, que es un profesional externo en activo laboralmente en la empresa o la función pública y que aporta la experiencia práctica en algunas titulaciones”.
En cuanto al estudiantado, Villamandos ha incidido en el perjuicio que supone la falta de mención a una prueba única en toda España para el acceso a las universidades que garantice la igualdad de todos los estudiantes españoles, vivan donde vivan y estudien donde estudien”. “Es una Ley que olvida al alumnado porque no establece medidas de fomento a la formación dual y obvia la empleabilidad; no introduce mejoras en el ámbito de las becas y pasa de puntillas sobre aspectos fundamentales como la cultura y el deporte universitario”, ha apostillado.
Por otro lado, ha hecho también mención a la falta de ambición del texto en el ámbito de la internacionalización y ha pedido que “se eliminen las trabas que existen actualmente para atraer estudiantes internacionales”. “Esta norma no cumple las expectativas en cuanto a la internacionalización, ya que se limita al impulso de una estrategia que ya existe, sin contemplar incentivos ni medidas efectivas, poniendo además trabas a los campus europeos”, ha lamentado.
Sobre este tema, el consejero andaluz ha afirmado que el proyecto de ley “no da flexibilidad para la implantación de los grados de tres años –excepción hecha de los títulos internacionales–, como sucede en gran parte de Europa ni incluye medidas que permitan fomentar la internacionalización del estudiantado, siendo esta ley una oportunidad para corregir la inoportuna adicional 36ª de la Lomloe, que limita el acceso de estudiantes internacionales a universidades españolas”, ha profundizado.
Gómez Villamandos ha asegurado que “la LOSU, tal y como está planteada, no es una ley moderna, no permite a las universidades proyectarse hacia el futuro, no les facilita ser más europeas y se limita a solventar problemas que podrían haberse resuelto por otras vías, sin entrar a reformar la gobernanza, la transparencia o la rendición de cuentas”.
Además, “se trata de una ley cara porque exige aumentar la financiación a las comunidades autónomas sin dotarlas de fondos para ello; es decir, plantea el compromiso y la elaboración de un plan de gasto del 1% del PIB, pero no aclara cómo se va a cumplir, cuándo y con qué mecanismos”.
En cambio, en palabras de Gómez Villamandos, “sí plantea apoyo económico expreso para los campus que impartan programas en lenguas cooficiales; es decir, establece la singularidad lingüística como un parámetro de financiación generando así agravios comparativos”.
Por último, el consejero andaluz ha tendido la mano para “colaborar” aportando propuestas para mejorar el sistema universitario.
Así, ha enumerado la reducción de la burocracia a través de instrumentos como la implantación de un currículum único nacional; buscar la excelencia y fomentar la movilidad, mejorando el sistema de becas de estudio; impulsar e incentivar la formación dual universitaria y apostando por el deporte universitario con la creación de una Federación Española de Deporte Universitario y con un programa de becas de alto rendimiento.
- Te recomendamos -
