SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado en comisión parlamentaria que la futura Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA) “modernizará, fortalecerá y hará más eficiente” el sistema de educación superior. Según ha destacado, este texto tendrá como objetivos “proteger el sistema público universitario, incrementar los derechos del estudiantado, potenciar la internacionalización y estabilizar la carrera académica”. De igual modo, pretende favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, mejorar la gobernanza e impulsar una mayor transparencia de las instituciones académicas.
El próximo paso del anteproyecto de la LUPA será su exposición pública, periodo que se abre este miércoles, para que los agentes implicados puedan realizar aportaciones, ha adelantado la Junta en una nota de prensa. El documento ha sido “acordado” con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales. “Se trata de una Ley de máximos, una norma consensuada para que perdure en el tiempo”, ha asegurado Gómez Villamandos, que ha añadido que “permitirá construir una educación más justa, moderna, reforzando la formación de calidad, el apoyo a los profesores e investigadores, con la mirada puesta en la innovación y con un claro compromiso de igualdad de oportunidades”.
En materia de financiación, en la LUPA se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, que tendrá que contar con una estructura ya definida en tres grandes bloques: la básica armonizada, la afecta a resultados y la de nivelación. En el capítulo de los derechos del estudiantado, la norma reconoce, por primera vez, que los alumnos tendrán derecho por ley a un sistema de bonificación de los precios de la matrícula universitaria, lo que “refuerza el compromiso de Andalucía con el acceso igualitario a la educación superior”, ha apuntado.
Otra de las novedades que entronca con la promoción de la internacionalización hace referencia a que se garantizará por ley la movilidad internacional a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Administración autonómica. Precisamente, se determina la obligación de disponer del B2 en la acreditación de un idioma extranjero, tanto para la obtención de un título oficial universitario como para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor. No obstante, ha aclarado que “esa condición será exigible a partir de octubre de 2029”.
También se fija la creación de una estrategia que atenderá no sólo a los aspectos de movilidad sino también a otras cuestiones relacionadas con la investigación y la captación del talento, y se apunta a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como pieza clave. Gómez Villamandos también se ha centrado en la retención del talento y la estabilización de la carrera académica.
Entre ellas, se ha referido a la introducción de nuevas figuras profesionales, como es el caso del profesorado ayudante, que permite “garantizar una carrera profesional digna desde el inicio”. A ello se suman los perfiles de contratado doctor, que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) había eliminado previamente, y el del ayudante doctor vinculado al sistema sanitario. “Estas categorías, junto a los programas posdoctorales de excelencia, garantizarán un relevo generacional de calidad que refuerce el sistema universitario”, ha aseverado. De igual modo, ha hecho alusión a la posibilidad de que el personal docente e investigador colabore con otros agentes del sistema del conocimiento, mejorando así la competitividad de las universidades andaluzas, o se adscriba a cualquier otra Administración durante seis meses para adquirir nuevos conocimientos o reciclarlos.
También ha incidido en que la norma aboga por limitar los contratos de profesores sustitutos y por transformar esos cuerpos en figuras estructurales, “con el fin de eliminar la precarización laboral de la plantilla universitaria”, ha matizado. En política de personal, el texto plantea que Andalucía no aplicará a los programas dedicados a la captación y retención del talento la limitación de 120 horas lectivas que impuso la LOSU a la dedicación del profesorado. Al margen de esto, el consejero también ha indicado que la Junta ha mejorado las condiciones retributivas del personal docente y del personal técnico de gestión y de administración y servicios, incluyendo por Ley el premio de jubilación o el establecimiento de los complementos autonómicos.
La ley universitaria “incrementa” los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía con el objetivo de reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario de la comunidad y de asegurar la prestación de este servicio público. Al respecto, Gómez Villamandos ha sido claro: “Andalucía no puede ni debe dejar pasar esta oportunidad para legislar en esta materia para exigir altos estándares de calidad y de control normativo”.
Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior. Asimismo, propone que las entidades tengan que reservar un 3% de sus ingresos a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5% a planes propios de investigación. También será necesario acreditar solvencia económico-financiera y garantizar las infraestructuras y el personal, y se impondrá la obligación de disponer de órganos de representación del estudiantado.
Por otro lado, la LUPA recoge que esas entidades garanticen la implantación progresiva de mecanismos para facilitar la incorporación de los egresados al mundo laboral e impone un periodo de cuatro años para volver a presentar una solicitud a aquellos promotores cuyos proyectos hayan sido denegados. Además, el consejero de Universidad ha remarcado que, en este proceso de creación de nuevas iniciativas, se establece “un doble control por parte de la agencia evaluadora, la ACCUA, para incrementar las garantías de todos los procedimientos”.
La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha señalado que “daba la impresión de que el primer impulso para hacer esta Ley era confrontar con la LOSU. Espero que no sea así y estemos buscando una norma de desarrollo y de regulación de las universidades acorde a los tiempos que vivimos”. En relación con las medidas recogidas para la autorización de universidades privadas, la parlamentaria ha reconocido que le parece “bien” que “ahora vayamos a ponernos más exigentes”, lo que ha interpretado como que “se han dado cuenta que no lo han hecho bien”.
El PSOE ha reprochado que la Ley se esté tramitando por la vía de urgencia –lo que el consejero ha enmarcado posteriormente en una petición de los rectores para poder adaptar sus Estatutos– y ha criticado la “expulsión” del Consejo de Coordinación Universitaria de miembros seleccionados por el Parlamento, al tiempo que ha pedido que en él “no tengan poder de voto” las universidades privadas.
Vox ha recriminado un sistema que sigue “generando desigualdad” y el PP ha defendido que en el anteproyecto de la Ley “se palpa” la “voluntad de diálogo” del Gobierno de Juanma Moreno, y ha arremetido contra el “pésimo Gobierno de Pedro Sánchez” cuyas políticas en materia de personal universitario van a “perjudicar” a los campus andaluces. Es el caso de la financiación de las plazas de ayudante doctor, en la que “Andalucía va a recibir un 34% menos que Cataluña pese a que somos el primer sistema universitario de toda España”.
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