SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL), Fernando Rodríguez Villalobos, “ha lamentado” este lunes que, “de nuevo”, y en un órgano de relación institucional “al más alto nivel” como es el Consejo Andaluz de Concertación Local (CACL) –que el Estatuto de Autonomía reserva para la interlocución entre la administración autonómica y la administración local en Andalucía–, desde la Junta de Andalucía “se ignore y desoiga las reivindicaciones de mejora que los gobiernos locales vienen planteando al proyecto de la futura nueva Orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)”.
Así lo ha trasladado el presidente de la FAMP en un comunicado en el que ha subrayado que “es bien sabido por la opinión pública tanto la importancia e incidencia de este servicio en una gran parte de la población andaluza que precisa de una cobertura social sin desarraigo del domicilio de muchos mayores o personas dependientes, como que es un servicio vital cuya gestión desarrollan los ayuntamientos y diputaciones andaluces, incluso más allá de sus competencias y aportando recursos propios que no se dotan por la Junta de Andalucía, aun siendo competente y obligada a ello”.
“El papel de los gobiernos locales en la gestión del SAD es incontestable para todos, menos para la Consejería competente en Servicios Sociales, o al menos así lo parece”, ha manifestado Villalobos, que ha hecho mención al “intento de cierre en falso” que, según ha indicado, se ha producido este lunes en la Comisión Permanente del CACL, “pretendiendo la Secretaría General de Inclusión Social concluir una tramitación que lleva en marcha desde hace más de dos años sin considerar la mayoría de reivindicaciones de mejora planteadas por el municipalismo andaluz, gran conocedor de la situación y necesidades reales de recursos y dotación que tiene la gestión de este servicio, que ha de financiar por ley la Junta de Andalucía”, según ha enfatizado.
En ese sentido, desde la FAMP han apuntado que, en la sesión de la Permanente del CACL de este lunes, se pretendía emitir el informe de CACL solicitado en septiembre de 2022 por el CAGL, para lograr un consenso en la redacción de la Orden.
Para ello, según han continuado desde la federación, se acordó en octubre de 2022 poner en marcha un grupo de trabajo entre la Consejería de Inclusión Social y la FAMP “con el mandato de elevar una propuesta de consenso a la Permanente del CACL”.
Dicho grupo de trabajo ha tenido varias reuniones con participación de expertos de la Junta y de varios ayuntamientos y diputaciones andaluces de diversa tipología y gobierno, que, según la FAMP, “consiguió ciertos avances hasta su última reunión el pasado 1 de febrero, pero que no ha podido avanzar en mucha temática sustancial pendiente de debate por no ser convocado por la Consejería a pesar de reiteradas peticiones desde la FAMP para conseguir ultimar la tarea, aún hoy inconclusa”.
Villalobos ha advertido de que “ha sido por esta razón por lo que desde la FAMP nos opusimos”, desde el primer momento de su convocatoria a primeros de junio, a la celebración de la Permanente de este lunes, ya que “pretendía emitir un informe de consenso sin existir propuesta alguna del grupo de trabajo al efecto”.
EN CONTRA DE UN “POSICIONAMIENTO UNILATERAL” DE LA JUNTA
En este sentido, el presidente de la FAMP ha considerado que “desde la Junta han pretendido hacer valer un posicionamiento unilateral de la Consejería sobre su parecer sobre el trabajo desarrollado en el grupo, que para nada se corresponde con la realidad que consta en actas levantadas e incluso en las grabaciones de las sesiones habidas, extremo que nos sorprende todavía más, si cabe, a la FAMP”, según ha apostillado.
Villalobos ha agregado que, en la sesión de este lunes, “hemos vivido una situación inédita en el CACL, ya que se ha celebrado una sesión de Permanente con oposición expresa de una de sus dos partes –pues está compuesta de forma paritaria por la Consejería de Justicia y por la FAMP–; se ha hecho caso omiso al incumplimiento de un mandato expreso acordado por la Permanente a un grupo de trabajo que hoy sigue sin culminar su tarea de intentar un consenso”.
Además, “se ha propuesto emitir un informe del Consejo sin consenso acreditado, y sin atender la petición de la FAMP como representación local de devolver esta competencia al Pleno del CACL, ya que la Permanente la tiene delegada”, ha denunciado también Villalobos.
De igual manera, ha manifestado que “esta situación la consideramos lamentable por el ninguneo que supone por parte de la Junta de Andalucía a un órgano paritario como el CACL, de génesis estatutaria al más alto nivel de relación institucional y del que forman parte a nivel de titulares de consejerías y presidencias de administraciones locales; y por extensión, a los posicionamientos manifestados de forma unánime por ayuntamientos y diputaciones de Andalucía como administración local con ámbito político representativo y competencias expresamente reconocidas en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y demás leyes de nuestra ordenamiento jurídico”.
“Unos posicionamientos que, volvemos a insistir, se dan desde la perspectiva de ser la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, mejor conocedora de las necesidades, situación y desarrollo de gestión existente en nuestros pueblos y ciudades”, ha enfatizado Villalobos.
Finalmente, ha asegurado que desde la FAMP, “y por tanto desde el municipalismo andaluz, se espera que desde la Junta de Andalucía se recapacite y se replantee la exigencia de que la futura orden de SAD tenga una redacción consensuada y respetuosa con el reparto de competencias legalmente existente, incluyendo los aspectos imprescindibles que aseguren la financiación autonómica plena del coste real que supone la gestión del servicio, tanto con un precio/hora que garantice la cobertura de salarios dignos, estabilidad y demás derechos laborales de las personas que lo prestan, en su mayoría mujeres, como cubrir el coste total de gestión que hasta ahora vienen asumiendo, de forma impropia, los ayuntamientos y diputaciones supliendo lo que la Junta está obligada a dotar”.
“En tanto no se consiga un texto redactado con dicho consenso, desde la FAMP se rechaza la posibilidad de que se publique una nueva orden que no responda a esa realidad, y se espera que se vuelva a convocar el grupo de trabajo para conseguir cuanto antes el texto que todos deseamos y merece nuestra ciudadanía”, ha concluido Fernando Rodríguez Villalobos.
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