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Un vecino de Puente Genil fue condenado a pagar más de 8.500 euros a un guardia civil por agredirlo

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CÓRDOBA, 14 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha condenado tras un acuerdo a un vecino de la localidad cordobesa de Puente Genil como autor de un delito de atentado y otro de lesiones, imponiéndole la pena de seis meses de prisión e indemnizar con 8.566 euros a un agente de la Guardia Civil por las lesiones que le causó. Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han asesorado y representado al agente.

Según se relata en la sentencia de la que informa AUGC, los hechos tuvieron lugar en marzo de 2022, cuando el acusado se encontraba en estado de gran nerviosismo en el bloque de su domicilio en la calle Vicente Aleixandre, y al ser requerido por los guardias civiles para que se tranquilizara y se metiera en su vivienda, se encaró con los agentes y empujó a uno de ellos, haciendo que se golpeara con la pared y se doblara la rodilla.

El abogado Álvaro Moreno, quien ha asistido al agente agredido, ha declarado que “en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, habiendo concurrido la atenuante de actuar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y la agravante de reincidencia.

Además, ha señalado que se ha tenido en cuenta que “el acusado ya había sido condenado en otras ocasiones, como en 2021 por otro delito de atentado, por lo que debe indemnizar a nuestro representado y abonar las costas procesales”, a lo que ha agregado que desde el bufete comprueban que “durante los últimos años Puente Genil es el municipio de la provincia en el que más agresiones a guardias civiles hemos tenido que atender”.

Por otro lado, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que “la indemnización obtenida para nuestro afiliado es acorde a las graves lesiones que sufrió, por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y le quedaron secuelas”. Ante ello, ha advertido de que llevan “años alertando del incremento de las agresiones a los guardias civiles y reclamando penas más graves, mayor protección jurídica, dotación de medios adecuados, pero, sobre todo, el reconocimiento como profesión de riesgo para los guardias civiles y policías nacionales”.


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