SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
Durante la sesión de este miércoles del juicio que celebra la Audiencia de Sevilla por la pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, correspondiente a las ayudas por unos 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica; un acusado por su papel como responsable de CCOO involucrado en el proceso se ha desvinculado de las dos personas prejubiladas en el mismo pese a no formar parte de la plantilla.
En esta nueva sesión del juicio ha comparecido como acusado, entre otros, José Hurtado Quirós, por su papel como entonces responsable de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO de Sevilla; toda vez que además figuran como inculpados dos “intrusos” prejubilados en el ERE de Surcolor que no pertenecían a la plantilla, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, Juan Francisco Algarín Lamela, presunto “testaferro” de la trama fraudulenta de los ERE; los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, el abogado Carlos Leal y los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León.
Según la Fiscalía, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con el letrado “para iniciar la tramitación” de un ERE y con el exsindicalista de UGT Juan Lanzas “como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas”.
EL NÚMERO DE AFECTADOS DEL ERE
Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Juan Lanzas contactó con Rivas y con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, –condenado en la sentencia principal sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE, acusado además en esta causa pero fallecido en octubre de 2020–, facilitando a este último datos de “los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción”; tras lo cual la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.
A partir de ahí, según el Ministerio Público, Rivas, “con el conocimiento y consentimiento” de Guerrero, “instó” a los extrabajadores de Vitalia procesados a introducir como beneficiarias a dos personas que “no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas”, tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, “con el conocimiento y consentimiento” de Antonio Fernández y de Barberá, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 extrabajadores de Surcolor.
“UNA AYUDA DIRECTA SIN EXIGENCIA DE JUSTIFICACIÓN”
Para el Ministerio público, los encausados “conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna”.
En ese marco, José Hurtado Quirós ha defendido que por la información con la que contaba CCOO, el ERE incluía a 24 trabajadores, con lo que según ha asegurado, al principio todos quedaron “extrañados” al descubrir en los documentos que en total figuraban 26 afectados por el procedimiento. Y es que según ha dicho, le constaban que fueron “rellenadas 24” solicitudes personales de adhesión al ERE.
Empero, ha explicado que en ese momento, los representantes sindicales involucrados en la negociación pensaron que podría tratarse de algún “delegado o comercial” de Surcolor que finalmente había sido incluido. Es más, ha explicado que en una consulta en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social les fue dicho que si finalmente figuraba el número de 26 personas incluidas en el ERE, sería porque la empresa, o sea Surcolor, se habría “confundido” a la hora de redactar los documentos. “No le dimos importancia”, se ha encogido de hombros.
SIN RELACIÓN CON LA FACTURA DE UNA CONSULTORA
José Hurtado Quirós se ha desligado además de una factura esgrimida por el fiscal del caso en el que una “consultora vinculada a CCOO” cargaría a Vitalia una comisión del uno por ciento” por el ERE de Surcolor, según el representante del Ministerio Público.
“No tengo ningún tipo de relación”, ha dicho asegurando que desconoce “totalmente” la factura y que la estructura provincial de CCOO “no cobraba a ninguna empresa” por participar en negociaciones, sino que sólo insistía a los trabajadores afectados para que se afiliasen. “Esos son los únicos ingresos que me constan”, ha aseverado.
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