POZOBLANCO (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozoblanco (Córdoba) ha admitido a trámite la querella de IU contra el alcalde del municipio, Santiago Cabello (PP), y la exconcejal de Recursos Humanos María Inmaculada Reyes Cuadrado por la supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa continuada y malversación en contratos. Ambos están citados a declarar el día 11 de marzo.
Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, “los hechos relatados en la querella presentan, aparentemente, los caracteres de un delito de prevaricación administrativa, el escrito reúne los requisitos establecidos en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) y este Juzgado es competente para la instrucción de la causa, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de dicha Ley”. Por todo ello, procede admitir a trámite la querella.
En este sentido, el juez acuerda incoar diligencias previas, entre ellas las citaciones para el día 11 de marzo de los querellantes en esta causa, así como los querellados. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado y de apelación.
Al respecto, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez; el coordinador comarcal de IU en Los Pedroches y exconcejal de IU Pozoblanco, Miguel Calero; la concejal de IU en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Natalia León, y la abogada Amanda Meyer anunciaron en octubre la presentación de la querella contra el alcalde y la exconcejal de Recursos Humanos.
En una rueda de prensa, la abogada explicó que “la querella cuenta con 45 documentos que sustentan el relato de los hechos, los cuales exponen detalladamente cómo desde el Ayuntamiento se ha sostenido un entramado de contrataciones temporales fuera de la normativa y del reglamento de bolsa de empleo”.
Meyer subrayó que “estas contrataciones, además de contar con el rechazo reiterado de la Secretaría General y de los informes de Intervención, evidencian un esquema planificado para tejer una red clientelar con el propósito de favorecer al PP en la localidad”. “Estamos hablando de decisiones tomadas de manera deliberada y sostenidas en el tiempo, en las que se ha desoído cualquier advertencia técnica y se ha puesto el aparato administrativo al servicio de intereses partidistas”, señaló.
ASPECTOS “FUNDAMENTALES”
La letrada destacó tres aspectos “fundamentales” de la querella, como son “la contratación temporal de personal en contra de las advertencias de la Secretaría General; el incumplimiento de los procedimientos administrativos al realizar contrataciones al margen del reglamento de bolsa, lo que constituye un grave atentado contra los principios de transparencia y legalidad, y el caso particular de la contratación de Jesús Torres, hijo de la secretaria del alcalde, quien fue dado de alta en la Seguridad Social y cobró varias nóminas del Consistorio sin que existiera una contratación formal que lo amparase”.
Así, enfatizó que “esta situación ilustra la gravedad de los hechos y la descarada violación de la normativa en beneficio de personas cercanas al alcalde y a su equipo”. Según Meyer, “el propósito de la querella es que el juzgado investigue estos hechos y determine las responsabilidades penales que correspondan, dado el perjuicio al interés público y el impacto en la calidad democrática del municipio”.
Para ello, solicitó al Juzgado que “se oficie al Ayuntamiento para aportar toda la documentación de contratación desde el año 2020 hasta la fecha, así como que se tomen declaraciones a los funcionarios y personal del Consistorio que puedan tener conocimiento de los hechos”.
“Es fundamental que estos actos, que constituyen un abuso de poder y una desviación de los recursos públicos, no queden impunes”, manifestó, para apostillar que buscan “proteger los derechos de la ciudadanía de Pozoblanco y garantizar que el Ayuntamiento recupere su papel de servicio público”.
POSTURA DEL ALCALDE
El alcalde ya aseguró que “en ningún caso” se ha producido por su parte “un trato de favor hacia ningún trabajador, ni tampoco la firma” de “dos decretos y contratos para un mismo puesto”, a la vez que reforzó el área de Recursos Humanos. En su opinión, el gobierno municipal del PP sufre “una campaña orquestada de acoso y derribo, que se basa en informaciones sesgadas y en mentiras” y que ello está afectando incluso a sus familiares, al tiempo lamentó que la oposición, que conforman PSOE e IU, está “cada vez más radicalizada”.
A su juicio, el gobierno local está siendo “blanco de acusaciones basadas en filtraciones sesgadas e interesadas, que tienen como único fin tratar de enturbiar la acción del gobierno municipal que eligieron libremente los pozoalbenses, y con el objetivo de romper la estabilidad de Pozoblanco, que a quienes están detrás de este asunto no les importa absolutamente nada”, añadiendo que “en la política, al igual que en la vida, no todo vale”.
ARCHIVO DE DENUNCIA
Al respecto, la Fiscalía ya archivó en octubre de 2024 la denuncia que el PSOE presentó en marzo contra el alcalde al no ver indicios de ilícito penal en la contratación por el Ayuntamiento del hijo de su secretaria y que el Consistorio le pagara durante meses sin que acudiera a trabajar, y sin reclamarle que devolviera lo cobrado, hasta después de haber sido presentada la denuncia, ya archivada.
Ante ello, Cabello (PP) se dirigió al PSOE, a IU y al concejal no adscrito Gerardo Arévalo, quien fuera edil de Personal en el gobierno local del PP, del que fue expulsado tras denunciar públicamente los hechos, y les pidió que “cesen en su campaña de desprestigio, que reflexionen y asuman responsabilidades”, tras el citado archivo de la denuncia a cuenta de las “incidencias administrativas que se detectaron en el departamento de Personal”, según señaló.
Así, reclamó tanto al PSOE y a IU, y sus portavoces municipales, Rafael Villarreal y Emmanuel Vioque, como al concejal no adscrito, Gerardo Arévalo, “que asuman que éste no es el camino, pues ya se conoce que todo ha sido una gran mentira, con la que han intentado romper la estabilidad de Pozoblanco y que ha tenido que resolver la Justicia y la Fiscalía de forma contundente”.
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