MADRID/SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Sumar quiere que el contrato indefinido sea el contrato por defecto para las viviendas en alquiler, como ocurre con los contratos laborales, y que se establezca un régimen sancionador en la Ley de Vivienda para garantizar su cumplimiento. Además, ante la “inacción” de algunas comunidades para aplicar la normativa estatal, propone condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las comunidades autónomas (CCAA) a que utilicen los instrumentos de esta ley para limitar los precios del alquiler.
Así lo recoge la formación en un documento que ha presentado este lunes con sus prioridades presupuestarias para 2025 y en el que, en materia de vivienda, plantea además mejorar el Índice de Precios de Referencia recogido en la Ley de Vivienda, considerando la mediana de los precios como referencia e incluyendo elementos “objetivables” en los datos de las viviendas para la conformación del índice.
Asimismo, propone topar el precio de las viviendas en alquiler en zonas tensionadas al 30% de la renta de los hogares que alquilan, y prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible.
SUBIR LA FISCALIDAD A LOS PISOS TURÍSTICOS
Además, para acabar con los alquileres turísticos ilegales y desincentivar el alquiler turístico en zonas tensionadas, Sumar plantea apoyar mediante recursos “condicionados” a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan hacer cumplir la normativa en materia de pisos turísticos y vivienda en general.
Asimismo, pide elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos para recortar “drásticamente” su rentabilidad, haciendo que tributen al 21% de IVA y que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprima en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas. También en zonas tensionadas, plantea elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF en los periodos de no ocupación en el IRPF.
La formación aboga además por revisar la fiscalidad de las socimi para fomentar el alquiler permanente; obligar a las plataformas de alquiler turístico a facilitar información para garantizar el cumplimiento de la normativa y regular el alquiler de temporada y por habitaciones.
En este sentido, reclama que en la Ley de Arrendamientos Urbanos se extienda a los inquilinos de alquiler de temporada y por habitaciones los derechos que ya reconoce a los inquilinos de larga duración; limitar las deducciones en el IRPF a las rentas por arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda a aquellos casos en que éstas se sitúen por debajo del límite máximo establecido en el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Asimismo, quiere que dicha limitación se amplíe para los beneficios fiscales reconocidos a las socimi por el régimen fiscal especial en el Impuesto sobre Sociedad, y la eliminación inmediata de las ‘Golden Visa’.
Sumar apuesta también por reforzar la defensa legal de los inquilinos “frente a los abusos” modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir como causa de oposición la existencia de cláusulas abusivas, establecer una portabilidad real para las hipotecas entre entidades e introducir una hipoteca a tipo fijo regulada.
Defiende, además, la puesta en marcha de un programa de erradicación de los desahucios por hipotecas de primera vivienda mediante el que el Estado se haría cargo de la vivienda y la hipoteca, incorporando la vivienda al parque público, y la familia continuaría en la misma con un alquiler social relacionado con sus ingresos.
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA EN ALQUILER ASEQUIBLE
Para solucionar el problema de la vivienda de manera estructural, Sumar plantea destinar el 1% del PIB anual a la inversión en parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable. Su financiación durante los primeros años correría a cargo de un fondo estatal dotado con 40.000 millones procedentes de créditos blandos procedentes de fondos europeos.
Este fondo tendría como objetivo condicionar a ayuntamientos y comunidades autónomas para que amplíen de forma efectiva el parque de vivienda en alquiler asequible y se distribuiría en función del volumen de tensión en el acceso a la vivienda, se redistribuirá en el caso de no ser utilizado y estará condicionado al desarrollo de diversas actuaciones.
Sumar quiere además que esta legislatura se construyan 500.000 viviendas de alquiler social de entre 400 y 600 euros en aquellas zonas tensionadas donde la movilización de la vivienda vacía sea insuficiente; y cambiar el objeto social de la Sareb con el fin de emplear preferentemente sus activos en la creación del parque público de vivienda para el alquiler asequible.
Con el fin de controlar el precio de los alimentos, aboga por introducir un gravamen para reducir los márgenes excesivos de las grandes empresas de la cadena de producción y distribución que penalice y corrija comportamientos “abusivos y anticompetitivos” y por la creación de un Fondo de Estabilización de Productos Alimenticios Básicos que reduzca las fluctuaciones en los precios ante la volatilidad en las cosechas. También pide una mayor monitorización y regulación de los márgenes empresariales.
Sumar también reclama prorrogar para 2025 de las subvenciones al transporte público vigentes en 2024 en sus mismos términos, lo que implica, entre otras medidas, la gratuidad en los desplazamientos recurrentes en trenes de la red de cercanías y de media distancia y en la reducción del 50% de los abonos de transporte urbano.
También plantea desarrollar de un programa público de ‘leasing social’ de vehículos eléctricos similar al puesto en marcha en Francia, consistente en un alquiler con derecho a compra de 100 euros al mes para vehículos urbanos y de 150 para vehículos familiares para personas con rentas bajas y medias.
IMPUESTO A HERENCIAS SUPERIORES A UN MILLÓN
Por otro lado, Sumar ha propuesto también la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes herencias, por encima de un millón de euros, y ha planteado aplicar el IVA a educación y seguros sanitarios privados, así como reducirlo en productos y servicios básicos, como peluquerías, centros veterinarios, pañales y productos sin gluten.
La reforma fiscal que Sumar plantea pasa por crear, entre otras medidas, un Impuesto a las Grandes Herencias o, alternativamente, incluir en el IRPF las ganancias patrimoniales provenientes de herencias y donaciones, “con el objetivo de evitar la competencia fiscal a la baja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”.
Este impuesto sería la diferencia entre el gravamen estatal y el establecido por las comunidades autónomas, incentivando a estas últimas a no reducir el impuesto por debajo del mínimo establecido. Según se desgrana en el documento que Sumar ha presentado este lunes, el impuesto estatal a las herencias se establecería para las herencias mayores de un millón de euros y se realizaría de forma similar al impuesto a las grandes fortunas.
Asimismo, se plantea modificar el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, como un impuesto directo, personal y complementario del Impuesto sobre el Patrimonio para que grave el patrimonio neto de las personas físicas que supere 1.000.000 euros -sin perjuicio del mínimo exento de 700.000 euros–, inicialmente aplicable solo a los sujetos pasivos por obligación personal.
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