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SPJ-USO denuncia un nuevo parón de la herramienta informática Adriano en jurisdicciones de las ocho provincias

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SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

El sindicato SPJ-USO ha denunciado este lunes “un nuevo parón” del sistema Adriano, la nueva herramienta de la Consejería de Justicia que, desde su Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración “sostiene con alfileres toda la actividad administrativa de los juzgados y tribunales de Andalucía”.

Según han explicado desde la organización sindical, este lunes “sedes judiciales pertenecientes a distintas jurisdicciones de las ocho provincias andaluzas han sufrido el parón de este aplicativo de gestión, provocando el bloqueo del engranaje laboral de uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho: la Administración de Justicia”.

“La nueva eventualidad no supone más que un añadido a la nefasta implantación de un aplicativo, Adriano, que no sólo ha traído consigo el descontento generalizado de los cuerpos generales por su falta de funcionalidad y el silencio institucional ante las infinitud de incidencias planteadas por los usuarios, sino que, hoy por hoy, además, cuestiona la ausencia de un mantenimiento integral, cuyo contrato expiró el pasado 30 de junio, algo inexplicable tratándose de un programa de gestión que utilizan más de 10.000 usuarios, incluidos jueces y LAJ”, han subrayado desde SPJ-USO.

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Desde SPJ-USO ha insistido en que “el nuevo sistema de gestión procesal se ha implantado sin terminar de verificar su completa funcionalidad y con no pocas fisuras: fisuras que perjudican no sólo al personal de Justicia, sino también a la ciudadanía y a su casuística pendiente”.

“Junto con falta de modelos judiciales, el deficiente editor de textos, la lentitud del sistema, la inoperante multiplicación de los trámites del aplicativo, la pobre y tardía formación del periodo de implantación y la nula gestión de la resolución de incidencias concretas”, han denunciado “la inoperancia de su sistema de mantenimiento en lo que viene a ser una nueva falla de una gestión institucional que aleja cada vez más a los ciudadanos del Derecho a una Justicia sin dilaciones”.


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