SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Por Andalucía reclama al Gobierno andaluz que “garantice la actualización anual de los módulos y bases de compensación económica” de los profesionales que participan en el servicio de asistencia jurídica gratuita a través de “la previsión de su incremento porcentual”, un planteamiento que lleva en una Proposición no de Ley (PNL) que debatirá el próximo jueves el Pleno del Parlamento.
Por Andalucía demanda también del Ejecutivo autonómico que “promocione y dé publicidad” a este servicio “con especial atención a los que asisten a las mujeres víctimas de violencia de genero”.
Otra pretensión que recoge la iniciativa de este grupo parlamentario se dirige a “garantizar una justa y digna retribución” en esta prestación con la idea de “equipararla” a otras comunidades y para que no sea “en ningún caso inferior a la media nacional”.
Por último demanda que “ninguna actuación” de los profesionales que prestan sus servicios en el turno de oficio “quede sin retribución”.
El Gobierno andaluz ha previsto destinar 51,84 millones de euros para la asistencia jurídica gratuita en su Presupuesto del ejercicio.
Las cuentas de la Consejería de Justicia para este 2024 señalan indicadores como la recepción de 178.361 solicitudes de este servicio, de las cuales el Gobierno andaluz resolvió un 88%, 157.086.
Este departamento recoge en el documento presupuestario que son 45 días la media de días para la tramitación de los expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita.
En la exposición de motivos de la iniciativa, se apela a la condición de derecho fundamental de la defensa y asistencia de letrado, que se complementa con el artículo 119 sobre la gratuidad para “quienes acrediten insuficiencia de medios para litigar”, así como que el Estatuto de Autonomía contempla como una competencia propia la coordinación de la justicia gratuita.
Esgrime Por Andalucía que la asistencia jurídica gratuita “no es por tanto un servicio menor ni mucho menos asistencial desde el punto de vista de la beneficencia” y “la encomiable labor de los letrados y letradas que, a través del Turno de Oficio, prestan sus servicios a cualquier ciudadano que se lo solicite”, señala que la orden de 3 de noviembre de 2023 de la Junta de Andalucía “efectúa una actualización al alza de las retribuciones a estos profesionales”, pero que “no deja de ser insuficiente”.
Por Andalucía apela al XVI informe del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, de los años 2017-2021, donde se señala que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor volumen de asuntos atendidos, 420.000, más del 21 % del total, de los que más de 10.000 correspondieron a violencia de género, mientras que son casi 10.000 los profesionales que dedican parte de su labor al Turno.
“Si nos detenemos en la inversión por ciudadano, Andalucía era en 2021 una de las comunidades que menos inversión realizó siendo de 5,5 euros, frente a los 6 euros de la media nacional y lejos de los más de 7,5 euros en Cataluña o los casi 6,5 de la Comunidad de Madrid”, apunta Por Andalucía.
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