SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha cifrado en torno a un 85-90 por ciento el seguimiento en Andalucía del primer día de huelga indefinida por parte de los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia, que ha tenido lugar este lunes, 22 de mayo, en toda España.
Asimismo, el sindicato ha lamentado que el ministerio “no haya mostrado voluntad de solucionar el conflicto con una oferta seria” para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos trabajadores, que representan el 93% del total de la Oficina Judicial, según ha indicado la organización sindical en una nota de prensa.
Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Sector de Justicia de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, quien ha recordado que este departamento “ha hecho oídos sordos a nuestras reivindicaciones y al endurecimiento de nuestras protestas, cuyos efectos negativos para la ciudadanía lamentamos profundamente, si bien el único responsable es el ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a todos colectivos”.
El responsable sindical de CSIF ha subrayado que los funcionarios –unos 9.000 sólo en Andalucía y un total de 45.000 en el conjunto de España– están siendo tratados como “funcionarios de segunda” frente a otros cuerpos, y ha recordado que “llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente”, de forma que “si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca”, ha argumentado.
Paralelamente a la jornada de huelga de este lunes de los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia, se han desarrollado en distintos puntos de Andalucía acciones de protesta por la discriminación que vive este colectivo, como antesala de la manifestación que se prepara el próximo jueves, 25 de mayo, en Madrid y a la que acudirán funcionarios de toda España.
Así, han tenido lugar concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno en Granada y Sevilla, así como en las ciudades de la Justicia de Córdoba y Málaga y en el Palacio de Justicia de Huelva. Igualmente, se han desarrollado asambleas informativas en distintas sedes judiciales sobre los motivos que hay detrás de esta movilización, que se prolonga desde el pasado mes de abril y ha ido creciendo en intensidad ante la falta de respuesta del ministerio que dirige Pilar Llop.
Los sindicatos convocantes –además de CSIF, STAJ, CCOO y UGT– exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros.
Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de 500.000 juicios se han visto suspendidos y aplazados, así como más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados en toda España.
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