SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
El 85% de la plantilla de letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) –formada por 42 profesionales– está secundando este lunes el paro convocado ante la “falta de una propuesta concreta y significativa” por parte de la Consejería de Salud y Consumo para “resolver las reivindicaciones planteadas”. Éstas se resumen en la petición de un Decreto de Asistencia Jurídica con el que dotar a la plantilla de “garantía y seguridad jurídica” a la hora de ejercer su trabajo.
Fuentes del SAS han reiterado a Europa Press que “el objetivo del Gobierno andaluz es ordenar y regularizar el funcionamiento, estructura, organización y funciones vía Decreto de este cuerpo recién creado por la Ley de Función Pública”. En cuanto a los servicios mínimos, ambas partes han acordado que “no puede considerarse un servicio esencial” el afectado por lo que “no se han fijado” dichos servicios mínimos.
No obstante, la Administración ha comunicado que, “en función del desarrollo de la huelga y de las necesidades que puedan darse con respecto a determinados servicios de este cuerpo de letrados, podría ser de nuevo convocado el comité de huelga para renegociar” posibles servicios mínimos, han apuntado las fuentes consultadas.
En un comunicado remitido a Europa Press, los letrados han afeado que “lo único que ofrece” la Junta para “resolver el conflicto” es “crear un grupo de trabajo en el que haya representantes de los órganos directivos implicados y de los letrados del SAS” para “empezar a negociar y trabajar en el texto del Decreto fuera de la presión de la convocatoria de huelga”.
“No podemos retroceder al principio y volver a confiar en palabras y compromisos que no se cumplen”, han señalado los letrados, que abundan en que la situación que les lleva a la huelga “se suma a la deficiente gestión de la sanidad andaluza y que perjudica al propio Servicio Andaluz de Salud y sus profesionales”.
“Resulta sorprendente –continúa el comunicado– que lo que propone la Administración sea lo que ya se ha trabajado desde hace cinco años”, en referencia a que el texto del Decreto “ya ha sido elaborado y ha ido cumpliendo los trámites preceptivos para su aprobación, encontrándose en la fase final de la tramitación, a falta del informe de Hacienda”.
Los letrados han reprochado que “no es de recibo” que “cambios” acometidos en el SAS “perjudiquen y retrasen la aprobación de un reglamento que ya está avanzado y paralizado por la negativa del Gobierno andaluz a destinar una partida presupuestaria para solventar un problema que arrastra desde hace años”.
La plantilla sostiene que la Administración ha cumplido “formalmente” su “obligación de negociar, pero sin que exista una intención real de solucionar el conflicto”, en alusión a que “hasta ahora, ni la Consejería de Salud, ni el SAS, ni la Consejería de Administración Pública, ni la de Hacienda, ni el presidente de la Junta han asumido obligación real alguna que permita alcanzar una solución al conflicto”.
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