SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
En plena ola de frío, Save the Children alerta de que un 15,2 por ciento de los niños en Andalucía vive en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. Esto significa que 238.465 niños andaluces pasan frío en casa porque sus familias no disponen de calefacción o no pueden hacer frente a los gastos de electricidad y gas. Esto supone un incremento de casi seis puntos con respecto al año anterior (la tasa era del 9,3%).
“En nuestro trabajo diario con niños y niñas y sus familias vemos cómo no paran de crecer los hogares en situación de vulnerabilidad que no ponen la calefacción porque no pueden pagar la factura o que la ponen menos de lo que deberían para evitar pagar facturas que no pueden asumir. Y los niños y niñas siempre son los que salen peor parados”, asegura la portavoz de Save the Children en Andalucía, Irene Santos.
En un análisis que ha realizado Save the Children sobre cómo afecta la pobreza energética a lasfamilias con hijos en todo el Estado, la organización denuncia que el bono social “no está llegando” a todas las familias que lo necesitan. A diferencia de los hogares constituidos solo por personas adultas, las familias con hijos a cargo afrontan más situaciones de endeudamiento ya que priorizan su bienestar. Mientras que por el gasto desproporcionado destacan los hogares monoparentales, las familias numerosas tienen un mayor riesgo de verse en una situación de pobreza energética escondida, es decir, que infrautilizan la energía.
LAS CONSECUENCIAS DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN LA INFANCIA
La organización señala que el impacto que la pobreza energética tiene en la infancia y la adolescencia “es desproporcionado”, especialmente en los primeros años de vida, ya que los niños y las niñas pasan más tiempo en casa que los adultos.
“Más allá del efecto dañino en la salud física, con consecuencias asociadas a problemas respiratorios y al aumento de visitas al hospital, la pobreza energética afecta también a la salud mental de la infancia y la adolescencia”, denuncia Santos. “Vivir el estrés financiero y el endeudamiento en casa pueden provocar o agravar problemas de estrés y salud mental entre los miembros de la familia, incluidos los niños, niñas y adolescentes”, detalla.
En cuanto a las consecuencias en la educación, apunta que varias investigaciones han demostrado que la pobreza energética puede estar asociada al absentismo escolar y a un peor rendimiento en el colegio, junto con situaciones de acoso, estigma y aislamiento.
Además, añade que existen otros efectos de la precariedad energética, como la falta de seguridad en algunas viviendas para tratar de mantener la casa caliente. Así, señala que incendios y otros accidentes pueden poner en riesgo la vida de toda la familia debido a conexiones irregulares a la red de suministro o bien por el uso de método alternativos para calentarse o iluminarse, como velas y braseros. “Los niños y niñas son víctimas especialmente propicias a estos accidentes”, lamenta.
¿QUÉ MEDIDAS SERÍAN EFECTIVAS PARA REDUCIR LA POBREZA ENERGÉTICA?
En su análisis, Save the Children lista algunas medidas clave como, por ejemplo, convertir en permanenteslas ayudas temporales de emergencia; reformar el bono social para que este se otorgue automáticamente a las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, independientemente del tipo de compañía con la que hayan contratado el bono social, y que en el umbral de acceso para lasfamilias con hijos e hijas a cargo se tenga en cuenta el coste de vida en cada territorio, así como crear espacios en los que se tramiten todas las cuestiones informativas y de prestación relacionadas con la provisión de energía.
También, con una visión más a medio y largo plazo, apostar por la rehabilitación de edificios con un criterio de equidad y accesibilidad y una perspectiva de infancia –mejorando la eficiencia energética de las casas–.
La organización valora muy positivamente el escudo social energético puesto en marcha por el Gobierno, aunque considera que se puede hacer más para conseguir que las familias puedan hacer frente a las olas de frío que estamos viviendo estos días. “Lo hemos visto en 2021, con la aprobación de una partida excepcional en los Presupuestos Generales del Estado de 202,5 millones de euros destinada a la financiación del bono social térmico, lo que representa un incremento de 100 millones respecto al ejercicio anterior. Es cuestión de voluntad política”, asegura Santos.
De hecho, existen distintos casos de éxito en Europa, destaca Save the Children. La mayoría de medidas relacionadas con la energía en nuestros países vecinos están relacionadas con la transición verde o la lucha contra los sobrecostes, aunque casi ninguna tiene una perspectiva específica de infancia. En Portugal, por ejemplo, cuentan con medidas de automatización y coordinación institucional, en Francia con un bono energía vinculado automáticamente a la renta y, en Irlanda, dan prioridad a la rehabilitación de viviendas en las que residen menores de 12 años con problemas respiratorios.
Respecto al coste económico de estas medidas, la entidad especializada en infancia ve margen para que sean los actores del mercado eléctrico quienes asuman, al menos en parte, el coste de la ampliación del bono social a una tarifa progresiva de luz y gas.
EL EJEMPLO DE CÁDIZ
En relación al bono social, Save the Children destaca en su estudio que comercializadoras como la impulsada por el Ayuntamiento de Cádiz han defendido ante el Gobierno central que el bono social pueda ser ofrecido por cualquier compañía que lo requiera, y que este se sufrague según volumen de negocio en lugar de número de clientes.
Asimismo, este operador energético público ha lanzado diversas medidas para los hogares vulnerables, como la cobertura puntual de facturas impagadas para evitar la acumulación de deuda, ayudas a pensionistas con bajos ingresos o una cobertura energética anual que se asegura a la familia en base al número de habitantes del hogar si se cumplen determinados requisitos de renta, y en coordinación con Servicios Sociales.
Precisamente son los servicios sociales los que identifican a las familias que cumplen los requisitos para acceder a dicha cobertura mínima de electricidad, a coste cero siempre que no se sobrepase el consumo establecido.
Además, añade que en materia de transparencia, es interesante también tomar como ejemplo al Ayuntamiento de Cádiz que ha tenido como objetivo informar a la población sobre la crisis de precios, sus derechos energéticos y los cambios que se iban sucediendo mediante distintas acciones, como sacar notas de prensa frente a cualquier hecho o novedad relevante, colocar anunciar informativos en el mobiliario urbano, envíos masivos de facturas-tipo explicadas con los cambios normativos detallados, repartir folletos, imanes de nevera y cartas explicativas, etcétera.
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