SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha sometido por segunda vez a consulta pública el proyecto de decreto para crear una oficina de atención a la salud mental. La nueva consulta estará abierta hasta el próximo 3 de abril de 2024. La primera se celebró el pasado mes de junio de 2023. Fuentes de la Consejería explican a preguntas de Europa Press que la primera consulta se retiró tras emitirse un informe jurídico que obligó a cambiar el texto “sustancialmente”.
En el nuevo texto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, se especifica que el proyecto normativo “pretende abordar” cuestiones como la defensa de los derechos fundamentales y garantía de las libertades públicas de las personas en el ámbito de la salud mental; la puesta a disposición de una oficina especializada para que pacientes y familias puedan “hacer llegar sus demandas y necesidades” y la mediación en la resolución de conflictos entre usuarios y la sanidad.
La “experiencia acumulada” tanto en el Sistema Sanitario Público de Andalucía como en el ámbito de la defensa de los derechos “pone de manifiesto el importante número de personas que por circunstancias derivadas de sus problemas de salud mental requieren de un mecanismo específico y de cercanía que contribuya a garantizar sus derechos dentro del sistema sanitario público a la vez que de apoyo y cobertura de las necesidades individuales, con el fin de mejorar su bienestar”, apunta el borrador de decreto.
En esta línea, “el creciente colectivo de personas con problemas de salud mental se ve en muchas ocasiones en situación de desamparo y con dificultades añadidas para hacer efectivos sus derechos por las vías ordinarias”. Por ello, las organizaciones de afectados y familiares han reivindicado “históricamente” la creación de una oficina de atención a este colectivo y a sus familias para hacer frente a esta realidad.
En relación con la salud mental, recientemente, se ha difundido un estudio que apunta que las bajas motivadas por problemas y trastornos de salud mental entre la población ocupada se han incrementado cerca de un 120% (118%) entre 2016 y 2023. Este dato, difundido por el Ministerio de Seguridad Social a través del Portal de Transparencia, se han hecho público durante la Jornada sobre Salud Mental en la Administración Pública que ha tenido lugar en la sede del CSIC en Madrid y que ha sido desarrollada por el Laboratorio-Observatorio de Salud Laboral desde la perspectiva de género (LAOGEN) del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), asignado a la Universidad de Sevilla (US), en colaboración con Affor Health.
El incremento de las bajas, sólo entre 2022 y 2023, fue de un 13,6% y las estadísticas arrojan una duración media de estas bajas asociadas a la salud mental de 108 días. A ello se le añade una elevada proporción de recaídas tras este tipo de bajas, debido a que no se diseña un itinerario ni adaptaciones para facilitar la reincorporación de la persona al puesto de trabajo.
La información desglosada en el encuentro refleja el “deterioro” de la salud mental que se ha producido en los últimos años de las personas que trabajan en la Administración pública, en el que destaca el incremento de los factores de estrés en el entorno laboral que dan lugar al aumento del número de bajas, rotación, absentismo, la pérdida de productividad y el presentismo. En este sentido, es necesario destacar que el 48% de las personas que trabajan en la Administración está compuesto por personal laboral e interino, afectado por una importante precariedad.
Un dato también “muy relevante” es que el 6,4% de los 2,7 millones de empleados públicos de España presenta síntomas compatibles con la depresión, según el Informe de Salud Mental y Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una prevalencia que aumenta en la población femenina, mayoría en este sector. Y es que a pesar de que las mujeres cuentan con hábitos más saludables que los hombres, manifiestan en mayor medida haber sufrido problemas de salud mental en algún momento de su vida. La precariedad laboral, la inestabilidad económica y otros riesgos psicosociales a los que se exponen en mayor medida las mujeres en España se encuentran detrás de los datos que indican que estas sufren índices mucho más elevados de depresión y ansiedad que los hombres.
“La duplicidad de roles, la carga de trabajo y la carga familiar, provoca que las mujeres padezcan una merma en los ingresos salariales y tengan mayores dificultades para escalar en las empresas, así como la necesidad de afrontar una mayor inseguridad laboral y una incertidumbre que se cronifica y se convierte en un estresor que erosiona la salud mental”, así lo ha detallado el profesor de la Universidad de Sevilla Ignacio Ramos-Vidal, quien ha desarrollado la ponencia central de las jornadas, en las que ha desplegado datos desagregados por género, sobre la situación de la salud mental y del bienestar en la Administración Pública.
Este análisis ha llevado a demandar durante las jornadas una mayor atención social y política para combatir el estigma de la salud mental y para normalizar esta problemática, así como la necesidad de un mayor desarrollo a la promoción del bienestar y de los recursos personales para afrontar dificultades y ser capaces de que las personas desarrollen todo su potencial.
Asimismo, entre las conclusiones, destaca la necesidad de implementar medidas de prevención basadas en la evidencia, tanto en la prevención primaria, orientada a la evaluación de riesgos psicosociales; en la prevención secundaria, orientada a la vigilancia, screening y monitoreo de la salud mental; y la prevención terciaria, orientada a la adaptación de puestos y retorno seguro al trabajo.
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