SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado un decreto por el que se autoriza al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a suscribir un acuerdo transaccional para abonar algo más de 121 millones de euros para poner fin a procedimientos judiciales en curso con la entidad mercantil José Manuel Pascual Pascual S.A originados durante años de conciertos sanitarios suscritos por la Administración andaluza con dicha entidad.
El Gobierno del PP-A aprobó este decreto en su reunión semanal del pasado martes, 29 de noviembre, y se someterá a la consideración del Pleno del Parlamento el próximo 14 de diciembre, siguiendo lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Dicha normativa determina que la autorización del Consejo de Gobierno acordando transacciones “ha de revestir la forma de decreto y requiere la autorización del Parlamento de Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 21.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo”, según se recoge en el acuerdo del Ejecutivo andaluz, al que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, “se requerirá autorización del Parlamento de Andalucía siempre que la cuantía litigiosa comprometida en el acuerdo transaccional sea superior a ocho millones de euros”, como ocurre en este caso que vincula a la empresa Pascual, que “ha venido prestando, durante los últimos veinte años, servicios de asistencia sanitaria a los usuarios del Servicio Andaluz de Salud”, en virtud de “diferentes contratos de gestión de servicio público bajo la modalidad de concierto para la prestación de asistencia sanitaria, en los hospitales de su titularidad en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, suscritos en los años 2011 y 2017”, según recuerda la Junta.
En el decreto abordado el pasado martes se argumenta que los citados conciertos “obedecían a la imposibilidad de prestar asistencia hospitalaria con medios propios del SAS a la población del área de influencia de los mencionados hospitales, al no disponer el Sistema Sanitario Público de Andalucía de las infraestructuras suficientes o necesarias para tal fin en esas zonas geográficas”.
“AMPLIA LITIGIOSIDAD”
Durante todos estos años, según abunda la Junta, “se ha generado una amplia litigiosidad entre ambas partes, como consecuencia, en primer lugar, de las resoluciones judiciales que anularon diversas prórrogas del contrato de 2011; en segundo lugar, por la facturación girada por la citada entidad mercantil al SAS por la asistencia sanitaria prestada tras la finalización de los conciertos suscritos entre el 31 de enero de 2014 y el 7 de junio de 2017; y, finalmente, por las diferencias mensuales que sostienen ambas partes por el volumen de los servicios prestados, tras la firma del concierto el 8 de junio de 2017”.
Tal “litigiosidad” se encuentra materializada “en diferentes procedimientos judiciales que se encuentran repartidos en diferentes órganos jurisdiccionales” como juzgados de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, e, incluso, el Tribunal Supremo, y que “están a día de hoy en distintos momentos procesales, desde la primera instancia, pasando por el recurso de apelación y pendientes de admisión a recurso de casación o de la sentencia casacional”.
La cuantía de “todos estos procedimientos judiciales”, sumada a “la ya reconocida en algunos pronunciamientos judiciales a la que se señala como objeto en los diferentes escritos de demanda, se sitúa en 242.194.541,55 euros”.
A dicha situación procesal, pendiente de los diversos pronunciamientos judiciales, “debe añadirse que el SAS, en los dos últimos años, ya le ha abonado a la entidad mercantil la cantidad de 21.418.696,37 euros en ejecución de tres resoluciones judiciales dictadas en otros tantos procedimientos interpuestos como consecuencia del concierto suscrito en 2017”, según especifica también el citado decreto, firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera de Salud y Consumo, Catalina García.
De esta manera, el Consejo de Gobierno acordó el pasado martes autorizar al SAS a suscribir un acuerdo transaccional con la entidad José Manuel Pascual Pascual, S.A., y autorizar un expediente de gasto por un importe máximo de hasta 124.007.137,51 euros.
El acuerdo que plantea la Junta pasa por que el SAS abone a la citada empresa la cantidad de 121.097.271 euros “en concepto de liquidación final” por los diferentes procedimientos judiciales abiertos, y que equivale a “la mitad de las cantidades que a su criterio se le adeudaban”.
Asimismo, el acuerdo plantea que, “en el plazo de cinco días, a contar desde la firma” del acuerdo transaccional, el SAS y la empresa presenten, por medio de sus representaciones procesales, en cada uno de los procedimientos judiciales pendientes de resolución, “escritos firmados de forma conjunta por medio de los cuales se pedirán de los diferentes tribunales y juzgados la terminación de aquellos procedimientos, por haberse producido la satisfacción extraprocesal de las pretensiones ejercitadas y con la expresa petición de que no se efectúe condena en costas a ninguna de las partes”.
La Junta plantea además que, “según las disponibilidades presupuestarias del SAS”, los citados 121 millones se abonen a la empresa Pascual “en un solo pago antes del 31 de diciembre de 2022, o bien en cinco pagos anuales, a razón de 24.219.454 euros cada anualidad, excepto la quinta y última, que ascendería a 24.219.455 euros. La primera anualidad se pagaría “antes del 31 de marzo de 2023”, y las siguientes cuatro antes del último día de los años 2023, 2024, 2025 y 2026.
“INSEGURIDAD” EN LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LA JUNTA Y PASCUAL
Para justificar este decreto, desde la Junta argumentan que “la inseguridad de la relación jurídica existente” entre su administración sanitaria y la empresa Pascual es “patente y manifiesta”, y “la concreción definitiva de los derechos de las partes que pueda resultar de la conclusión de los pleitos hoy abiertos es incierta y pudiera ocurrir que se reabran otros más al finalizar aquéllos, según el fallo judicial obtenido”.
Además, advierte de que, “en esta relación controvertida, existen sentencias, que han adquirido ya firmeza, que reconocen a la entidad mercantil el derecho sobre las cantidades reclamadas en razón de enriquecimiento injusto de la Administración sanitaria y cuya ejecución puede solicitar la misma en cualquier momento de la Administración sanitaria o, incluso, lo pudieran de oficio instar los propios órganos jurisdiccionales sentenciadores”.
“En suma, la relación litigiosa y cargada de incertidumbre que mantienen la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía y la entidad mercantil constituye razón suficiente que justifica la conveniencia y oportunidad de poner término a la misma mediante un acuerdo transaccional, que es la expresión de la voluntad decidida de las partes de eliminar tal incertidumbre, evitando futuros procedimientos judiciales con los correspondientes gastos y condenas en costas procesales que pudieran derivarse de los mismos”, sostiene el Gobierno andaluz en su decreto.
De esta manera, la Junta defiende como “conveniente formalizar un acuerdo transaccional” con la empresa Pascual “en aras de evitar un mayor perjuicio para ambas partes a la vista del resultado incierto de los procedimientos judiciales en trámite, así como el perjuicio que ello pudiera irrogar al erario público, o el daño reputacional que pudieran sufrir”.
Finalmente, para “velar por los intereses en litigio”, el acuerdo contempla la constitución de una “comisión de seguimiento del cumplimiento” del mismo compuesta por cuatro miembros, dos en representación del SAS y dos en la de la empresa.
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