SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
Durante la sesión de este lunes del juicio que celebra la Audiencia de Sevilla por la pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, correspondiente a las ayudas por unos 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas se ha desligado de las citadas subvenciones y ha asegurado supo por el otrora consejero y secretario del PSOE de Sevilla José Antonio Viera, que dos personas ajenas a Surcolor estaban cobrando prejubilaciones como si hubiesen trabajado para la entidad.
En esta nueva sesión del juicio ha comparecido como acusado Antonio Rivas, figurando además en este juicio dos “intrusos” prejubilados en el ERE de Surcolor que no pertenecían a la plantilla, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, Juan Francisco Algarín Lamela, presunto “testaferro” de la trama fraudulenta de los ERE; los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, el abogado Carlos Leal, los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León y finalmente José Hurtado Quirós, como entonces responsable de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO de Sevilla.
Según la Fiscalía, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con el letrado “para iniciar la tramitación” de un ERE y con el exsindicalista de UGT Juan Lanzas “como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas”.
Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Juan Lanzas contactó con Rivas y con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, –condenado en la sentencia principal sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE, acusado además en esta causa pero fallecido en octubre de 2020–, facilitando a este último datos de “los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción”; tras lo cual la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.
A partir de ahí, según el Ministerio Público, Rivas, “con el conocimiento y consentimiento” de Guerrero, “instó” a los extrabajadores de Vitalia procesados a introducir como beneficiarias a dos personas que “no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas”, tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, “con el conocimiento y consentimiento” de Antonio Fernández y de Barberá, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 extrabajadores de Surcolor.
“UNA AYUDA DIRECTA SIN EXIGENCIA DE JUSTIFICACIÓN”
Para el Ministerio público, los encausados “conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna”.
En ese marco, Antonio Rivas ha asegurado que como entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo afrontaba una “problemática” porque en el plano de gestiones y negociaciones, su departamento tenía que “convivir con la Consejería”, en alusión a quienes se dirigían directamente hacía la estructura central de Empleo o las situaciones en las que la misma intervenía en aspectos de índole provincial.
Según su relato, respecto a Surcolor sólo atendió a Juan Lanzas, supuesto “conseguidor” de subvenciones públicas para procedimientos de reestructuración empresarial, en una ocasión en la que el mismo acudió a la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo junto con Manuel Rafael Castilla Bustamante, responsable de Surcolor, girando la conversación en torno a la idea de ambos de intentar “recuperar o reiniciar” una propuesta de ERE que previamente se les había denegado por no reunir los requisitos.
QUIÉN PAGA EL ERE
Al respecto, ha asegurado que él “no” les trasladó aspecto alguno relacionado con la posibilidad de que el ERE fuese financiado con cargo a la Junta de Andalucía y que fue Juan Lanzas quien habría manifestado en el encuentro que consultaría el asunto con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, entonces dirigida por el difundo Francisco Javier Guerrero, condenado en la causa judicial principal del mecanismo específico de financiación de los ERE y quien figuraba además como acusado en esta pieza separada por las ayudas a Surcolor.
“En ningún momento”, según ha dicho, supo si la dirección o la plantilla de Surcolor formalizaron documento alguno relacionado con la petición de fondos para sufragar los costes del ERE. “Yo sabía que había un ERE, pero no una póliza (de seguro de rentas) que ejecutaba la Dirección General de Trabajo”, ha aseverado Rivas, asegurando que desconocía todo aspecto del “procedimiento o concesión” de las ayudas sociolaborales que conforman la base de la trama.
Y según ha destacado, “en absoluto” supo que en el ERE fueron incluidas dos personas que no formaban parte de la plantilla, los mencionados “intrusos”.
VIERA Y LOS “INTRUSOS”
En ese sentido, ha relatado que un día antes de que el asunto trascendiese a los medios de comunicación, el entonces secretario general del PSOE de Sevilla José Antonio Viera, consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre los años 2000 y 2004 y condenado también en la sentencia del procedimiento específico de financiación de los ERE, le llamó a él y al exdiputado autonómico del PSOE por Sevilla y exasesor en la Consejería de Empleo Ramón Díaz, para que ambos acudiesen a su domicilio particular.
En su vivienda, según Rivas, Viera les habría preguntado sobre su conocimiento respecto a que el ERE de Surcolor incluyese a personas ajenas a la plantilla, tras lo cual, siempre según su relato, él contactó con el entonces miembro de CCOO y también acusado en este juicio José Hurtado Quirós, para exponerle ese planteamiento. Al día siguiente, según sus palabras, ambos se vieron en un bar para revisar la documentación y descubrieron “con horror” que en efecto, figuraban en el procedimiento dos personas que no pertenecían a la plantilla de la empresa. “Yo no sabía nada”, ha asegurado.
Hasta ese momento, según ha manifestado Antonio Rivas, “nadie” le había advertido de “ninguna ilegalidad” con relación al ERE de Surcolor.
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