SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
El PP-A ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento en la que demanda que el Gobierno central no excluya a ninguna comunidad del reparto de menores migrantes no acompañados, ni en el supuesto de que se produzca un eventual “traspaso de competencias de gestión integral de la inmigración a Cataluña, como el que el PSOE pactó” con Junts, a cambio de la votación de dos decretos y “a sabiendas de su inconstitucionalidad, al ser competencias exclusivas y no delegables del estado”.
En la iniciativa, que se debatirá en la Cámara en el próximo periodo de sesiones, que arranca en febrero, se demanda también que el Gobierno central proceda, con “carácter urgente, a garantizar una financiación suficiente y periódica a las comunidades autónomas cada vez que realice un traslado de menores migrantes no acompañados”.
Se pide que concrete “un fondo de contingencia que contemple recursos desde su acogida hasta su emancipación, en beneficio de la certidumbre para los gobiernos autonómicos y la garantía de atención para dichos menores”.
Otra demanda al Ejecutivo nacional es el “reconocimiento, a efectos financieros, de los menores que entraron como adultos” y que trasladó a “Andalucía sin informar a la comunidad autónoma, y por cuya acogida las instituciones autonómicas no están recibiendo ningún tipo de financiación”.
Asimismo, el PP-A reclama que asegurar que los menores que vayan a ser trasladados lo son “indubitadamente en el momento que pasen a ser acogidos por las comunidades autónomas”.
Se reclama además al Ejecutivo nacional que solicite formalmente a la Comisión Europea “la activación de los mecanismos existentes para ayudar a los estados miembros que sufren de forma masiva la entrada de flujos migratorios, y especialmente de un programa de reubicación urgente de menores no acompañados y otras personas vulnerables, bajo el amparo del Mecanismo de Solidaridad Voluntaria y con el apoyo de la Agencia Europea de Asilo”.
El PP-A también plantea en la iniciativa que Andalucía sea reconocida “como frontera sur de España, en cuanto a la llegada continua de flujos migratorios directos procedentes de África”, y que el Gobierno consensue con las comunidades el Plan de Implementación Nacional del Nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea en todas las competencias que afectan a estas, incluyendo las de menores migrantes no acompañados.
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