SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
El PP de Andalucía llevará al próximo pleno del Parlamento una Proposición no de Ley (PNL) para defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios de prisiones y vigilancia aduanera y como reproche de los incumplimientos del Gobierno de Sánchez en materia sociolaboral.
“La seguridad es un asunto de vital importancia en el Estado de Derecho, y cuidar de quienes nos cuidan es una cuestión que no puede ser esquivada ni un segundo más por los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la de Hacienda, María Jesús Montero”, según ha subrayado el diputado por Sevilla José Ricardo García Román.
Con esta iniciativa, ha explicado el parlamentario, el PP andaluz quiere “volver a exigir al Gobierno de España que cumpla con las demandas históricas de unos colectivos que, con medios absolutamente precarios, ponen diariamente en riesgo su vida para defender la nuestra, pero también el Estado de Derecho, la democracia y el orden constitucional”, según una nota de este partido.
Ha recordado que la equiparación salarial “es una cuestión de justicia social”, y ha puesto el acento una vez más en la necesidad urgente de que el Gobierno asuma la declaración de profesión de riesgo de estos colectivo por cuanto “ejercen sus funciones, en ocasiones, en territorio hostil y que cada día viven situaciones violentas y desagradables”.
El diputado popular y secretario general del PP de Sevilla ha cuestionado que, en vez de atender a estos colectivos, el “triplemente reprobado ministro de Interior” haya centrado sus esfuerzos “en dejar escapar a Puigdemont y en mirar para otro lado ante una Ley de amnistía que ha dejado ver que la salvaguarda de los derechos, libertades y seguridad que defendían policías y guardias civiles durante el ‘procés’ no era susceptible de defensa”.
Ha añadido que la ministra de Hacienda “se desdice en todo salvo en las prebendas a Cataluña con el cupo catalán y hace de escudo ante los negocios del hermano del presidente”.
Frente a ellos, ha resaltado, el Partido Popular quiere reconocer y agradece su trabajo, su esfuerzo y su vocación de servicio. “Y seguiremos siendo su altavoz ante un Gobierno que incumple sus compromisos y los deja solos en su lucha”.
PNL ANTERIOR SOBRE RECONOCIMIENTO COMO PROFESIÓN DE RIESGO
El texto de la iniciativa recuerda que de abril, el Parlamento de Andalucía ya aprobó -también a instancias del Grupo Popular- una Proposición no de Ley (PNL) en Pleno sobre la declaración como profesión de riesgo y equiparación salarial a la Guardia Civil y Policía Nacional, que logró un amplio consenso de todos los grupos salvo del PSOE, que se abstuvo.
El Senado aprobó trasladar al Gobierno de España el reconocimiento de profesión de riesgo para Policía Nacional, Guardia Civil y agentes de aduanas, “mostrando un agravio y una injusticia que es de sentido común enmendar y corregir, una demanda histórica irrenunciable e inaplazable por más tiempo”.
Posteriormente, el Congreso admitió a trámite una ley para que los funcionarios de prisiones fueran considerados agentes de la autoridad. La propuesta constata que desde entonces no ha habido ningún avance, pese al incremento de las agresiones, y todos estos cuerpos “siguen sin ser considerados profesión de riesgo, siguen sufriendo discriminación salarial y laboral y siguen, por tanto, conformando el grupo de policías de segunda debido a la nula voluntad del Gobierno de España de revertir esta situación”. Hecho al que se suma el déficit de material.
La iniciativa del PP-A recuerda que la provincia de Cádiz vive una realidad muy castigada por esta lacra, pero que la situación se ha extrapolado a otros territorios como Málaga, Huelva, Almería o a lo largo del río Guadalquivir, cuya situación es muy preocupante a diario, con numerosas narcolanchas operando mientras la Guardia Civil sólo dispone de una embarcación capaz de actuar.
Por ello, el PP andaluz entiende que es “indispensable” mejorar las condiciones, los medios y los recursos que permitan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “desempeñen su trabajo con dignidad y con garantías, poniendo especial énfasis en aquellos lugares en los que existe una situación de peligrosidad como son aquellos en los que narcotraficantes u otra tipología de crimen organizado actúan con total impunidad”.
La iniciativa reconoce la labor que desempeñan estos colectivos e insta al Gobierno de Sánchez a cumplir con los compromisos adquiridos, en materia de refuerzo de medios humanos y técnicos, pero también en lo referido a “corregir la injusta discriminación que sufren en cuanto al acceso a la jubilación anticipada”.
Plantea también impulsar las medidas necesarias para que, en el ejercicio de sus funciones se reconozca formalmente a los integrantes del cuerpo de funcionarios de prisiones la condición de autoridad pública y reclama además al Gobierno que promueva las reformas legales necesarias fortalecer el principio de autoridad.
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