SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
El Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno del Parlamento andaluz relativa a “la defensa del diálogo social, de la libertad de empresa y de medidas para propiciar la inversión, la productividad y la competitividad empresarial”, y en la que denuncia el “ataque” del Gobierno central “a las empresas” y su “señalamiento de empresarios”.
Así, con esta iniciativa, pendiente de debate en el Pleno y consultada por Europa Press, el PP-A quiere que el Parlamento andaluz inste al Gobierno de la nación a “abandonar las políticas actuales de señalamiento de empresarios, ataque a las empresas y demonización del sector productivo español, reconociendo su contribución social al Estado del bienestar y a la generación de oportunidades y empleo, así como a recuperar los cauces perdidos de interlocución con el tejido empresarial en el marco del diálogo social, para facilitar el desarrollo de su actividad, mediante una actitud de escucha activa y cooperación con los distintos órganos de representación de las empresas”.
De igual modo, el PP-A plantea con esta PNL que el Parlamento inste al Gobierno de la nación a “reforzar los instrumentos de diálogo social y a evitar injerencias en el funcionamiento y organización interna de las empresas, salvaguardando el modelo europeo de flexibilidad y promoviendo el necesario consenso en aquellas medidas que tienen impacto directo en la productividad y el funcionamiento de la empresa, como ocurre con la ordenación del tiempo de trabajo”.
En tercer lugar, el PP-A propone que el Parlamento de Andalucía manifieste “la necesidad de respetar el diálogo bipartito entre sindicatos y empresarios” y muestre “su rechazo a decisiones adoptadas unilateralmente por el Gobierno de España, que demuestran una deriva intervencionista en el ámbito de las relaciones laborales y no respetan la negociación colectiva, vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral para cumplir con pactos políticos y sin tener como objetivo el interés general”.
Que el Parlamento de Andalucía manifieste “la necesidad de promover la simplificación y la reducción de cargas administrativas, evitando la sobrerregulación y el intervencionismo”, es otra de las reivindicaciones que plantea el PP-A en su PNL, con la que el Grupo Popular también quiere que la Cámara autonómica inste al Gobierno de España “a generar un clima favorable para el desarrollo de la actividad empresarial, enfocado al incremento de tamaño y a la mejora de la competitividad de las empresas, y basado en la moderación fiscal y la flexibilidad”.
Asimismo, el PP-A quiere que el Parlamento andaluz inste al Gobierno central “a crear un marco regulatorio previsible y estable, destinado a facilitar la actividad de las empresas, a fomentar su crecimiento, a aumentar la productividad y a estimular las inversiones, de manera que todo ello también permita garantizar la creación de empleo y mejoras salariales”.
Por último, la iniciativa del Grupo Popular quiere que desde el Parlamento andaluz se inste al Gobierno de España “a abordar reformas estructurales en la economía española que permitan aumentar la capacidad de adaptación de la misma y reorientarla al crecimiento, y que se traduzcan en un aumento de la competencia para afrontar desafíos como el cambio que se está produciendo en la globalización de los mercados internacionales, o de los efectos de la ruptura de las cadenas de suministros y cambios que se están generando en las cadenas de valor globales y que afectan a nuestras principales industrias y servicios avanzados, así como para hacer frente a otros retos ante la irrupción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y aquellos que se derivan de los compromisos en materia de sostenibilidad y del ámbito demográfico”.
Todo ello, “más allá del refuerzo de ayudas a la inversión procedentes de los fondos europeos”, según apostilla el Grupo Popular en el último punto de esta iniciativa parlamentaria.
“MENOSPRECIO” DEL GOBIERNO AL DIÁLOGO SOCIAL
En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta PNL, desde el Grupo Popular subrayan que “las democracias más avanzadas de la Unión Europea se distinguen, entre otras cuestiones, por la institucionalización del diálogo social permanente entre las administraciones públicas y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas como mecanismo de participación y de construcción de políticas comunes a favor del interés general y de la mejora global de la sociedad”.
El PP-A denuncia en su iniciativa que “en los últimos tiempos estamos asistiendo” en España, por parte del Gobierno, a “un evidente menosprecio” del diálogo social, “e incluso a una falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva al incumplir el acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos en la última reforma laboral, además de la imposición unilateral de propuestas en materias que, como el tiempo de trabajo, deberían dirimirse en ese ámbito”.
También critica la iniciativa del Grupo Popular que, “lejos de mejorar las condiciones que permitan a las empresas ganar tamaño y convertirse en tractores para fomentar las inversiones y crear más empleo, el Gobierno de España viene desplegando un conjunto de políticas económicas y fiscales que torpedean la línea de flotación de la actividad productiva”.
“En lugar de crear un clima favorable para el desarrollo empresarial y la inversión, el Ejecutivo español ha ido generando un entorno fiscalmente asfixiante y ha desarrollado propuestas que fomentan el intervencionismo, generan inseguridad jurídica, favorecen la hiperregulación y frenan la iniciativa privada, ahuyentando la inversión, nacional y extranjera, lo que se traduce de facto en pérdida de oportunidades y destrucción de empleo”, continúa criticando el PP-A en esta PNL.
A todo ello, concluye el Grupo Popular, “se suma también la estrategia de desprestigio, descalificación y señalamiento público que está sufriendo el empresariado español, con declaraciones, con consignas populistas y demagógicas, por parte de algunos actores políticos, e incluso de miembros del Gobierno, que vienen a cuestionar el papel de los empresarios que ejercen legítimamente su actividad desde la libertad de empresa”.
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