SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
El PP-A ha criticado este miércoles el “electoralismo y la demagogia” que está haciendo el PSOE con el borrador de la orden de la Consejería de Salud que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios.
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha manifestado que esto es “el mundo al revés” porque el PSOE-A fue el partido que, cuando estuvo en la Junta, “inventó los conciertos privados” en la sanidad y es “bochornoso” que, a menos de cien días para las elecciones municipales, plantee un debate sobre este asunto ante el Pleno del Parlamento.
Martín se ha referido al hecho de que la consejera de Salud, Catalina García, comparecerá este miércoles ante el Pleno del Parlamento para informar sobre ese borrador de orden, a petición de los grupos de PSOE-A, Vox y Por Andalucía.
“Es un tema electoralista”, ha indicado Martín, porque la realidad sólo se apoya en datos como que, con el Gobierno de Juanma Moreno, se invierte el triple en sanidad de lo que se invertía con el último Ejecutivo del PSOE-A; se ponen en marcha grandes hospitales, y hay 30.000 profesionales sanitarios más.
“¿Dé que están hablando?”, según ha preguntado el portavoz popular, quien ha añadido que la sanidad pública “no es que esté garantizada con el Gobierno de Juanma Moreno, sino que ahora es cuando está realmente garantizada porque con el PSOE corría grave peligro”.
Tras señalar que la sanidad pública, sin duda, siempre es mejorable porque las necesidades son cada vez mayores, Martín ha querido dejar claro que con Juanma Moreno, “sanidad publica sí, mejor y más que nunca”.
En cuanto a la citada orden de tarifas, ha expuesto que “pone coto a las tarifas de los servicios que se prestan en los conciertos, cosa que antes no pasaba” con los ejecutivos del PSOE-A, porque ni siquiera había “firmas de contratos”, lo que ha provocado que el actual Gobierno haya tenido que “pagar 265 millones de indemnización al Grupo Pascual”. “Poner orden donde había caos no debería ser criticable, sino aplaudible”, ha apuntado.
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