SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha reivindicado este miércoles su contribución a la ponencia de la Ley de Función Pública, que se aprobó el viernes, día 19, en comisión, que se ejecuta a través de una enmienda que modificará a su vez la Ley de Discapacidad y que propicia la sustitución de la prueba teórica a los aspirantes con discapacidad intelectual por otro tipo de evaluación que se denomina prueba de situación.
La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha esgrimido esta aportación a la futura norma, cuyo último trámite parlamentario para su aprobación es su debate final en el Pleno de la Asamblea legislativa autonómica.
Gómez ha reivindicado esa iniciativa, ejecutada a través de una enmienda transaccional pactada con el PP, por cuanto ha esgrimido que entraña “un cambio en la vida de miles de andaluces” tras poner de manifiesto que aun cuando existe la reserva de plazas para las personas con discapacidad intelectual en la práctica sucede que “nunca se pueden cubrir”.
“Aunque sea una prueba adaptada es una tortura”, ha sostenido la también presidenta de Más País Andalucía sobre ese procedimiento de acceso, quien gráficamente ha señalado el ejemplo de tener que abordar el estudio de la Constitución para una persona con discapacidad, por lo que ha reivindicado hacer otro tipo de prueba ante “la dificultad de hacer un examen teórico” para este colectivo, que supone evaluar cómo se desarrollaría en el puesto de trabajo.
Gómez ha esgrimido la alta tasa de paro que soportan las personas con discapacidad, que ha situado en un 70%.
El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece para las personas con discapacidad una reserva de plaza en las ofertas de empleo público que no será inferior “al siete por ciento de las vacantes” para ser cubiertas entre personas con discapacidad con el requisito de “siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas”.
“La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”, asegura la normativa estatal sobre función pública.
La norma estatal determina que “cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo”, a lo que suma a posteriori una vez superada la prueba de ingreso, “las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad”.
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