SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha anunciado este miércoles que este martes denunciaron la adjudicación del contrato para la gestión de los pisos donde se tutela a menores de edad por considerar que “nos parece corrupción de libro” al sostener que “la Junta de Andalucía, a nuestro criterio, ha amañado los pliegos de licitación”.
En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Nieto ha situado como fundamento de su denuncia que la Administración andaluza en el diseño del pliego de prescripciones técnicas del contrato “lo infló de tal manera que ha hecho inviable para otras empresas presentar una oferta y optar a la adjudicación de esos contratos”, por cuanto exigió un número de trabajadores para la prestación del servicio de tutela que “excedía en el doble el número de personas que, efectivamente, estaban prestando el servicio en Andalucía”.
“Casualmente solo se presentó una empresa, la que resultó adjudicataria”, ha afirmado, en referencia a Inserta, la empresa seleccionada tras la licitación.
La también representante de Izquierda Unida ha defendido que “nos hemos ido al juzgado para denunciar lo que es, a nuestro juicio, un nuevo caso de corrupción en el seno del Gobierno de Moreno Bonilla” tras poner de manifiesto que la adjudicación de esos pisos repartidos por varias provincias andaluzas “han sido adjudicados a una empresa que se llama Inserta con un procedimiento que nos parece corrupción de libro”.
La crítica y la denuncia judicial de Por Andalucía se dirige contra el hecho de que Inserta “tiene a la mitad del personal que dice los pliegos” del concurso de adjudicación, de manera que la Administración autonómica “sea por negligencia, sea por connivencia, paga como si se estuviese prestando tal cual dicen los pliegos”, antes de remachar que “es algo que no es cierto”.
La portavoz de Por Andalucía ha sostenido que “la Junta conoce perfectamente” esta circunstancia, una prestación del servicio con menos recursos humanos de los que le llevaron a ser adjudicataria de la tutela de menores, por cuanto “toda la documentación que acredita estas gravísimas irregularidades y estos incumplimientos flagrantes están en conocimiento de la Junta, de manera oficial, con toda la documentación registrada”.
Nieto ha indicado que estos hechos “también están oficialmente en conocimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo”, que seguidamente se puso en contacto con la Junta de Andalucía y la respuesta que recibió fue que “inspeccionado el servicio, estaba todo en orden”, de lo que ha inferido que “la Junta tiene conocimiento de lo que pasa y mira para otro lado”.
CONTRATACIÓN DE LA MUJER E HIJO DEL RESPONSABLE DE LA JUNTA
En el relato de los hechos la representante de Izquierda Unida Andalucía, quien ha remarcado el hecho que “esa adjudicación flagrantemente fraudulenta” entraña igualmente “una pérdida de dinero público de millones de euros que no están yendo a la prestación del servicio”, ha sumado que “la persona que es la interlocutora con las empresas y con el sector que tiene al frente la Junta de Andalucía, una vez que Inserta resultó adjudicataria con todo este procedimiento tan feo, tuvo la suerte de que a su mujer y a su hijo le contratara Inserta”.
“A nuestro parecer, aquí hay una presunta comisión de delitos muy grave y un nuevo caso de corrupción del Partido Popular, que está al frente de la Junta de Andalucía, cree que suelto de manos porque tiene aquí una mayoría absoluta y nada más lejos de la realidad”, ha afirmado la portavoz de Por Andalucía.
Nieto ha exigido, frente a la actitud que ha atribuido a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, de “suspender las comparecencias públicas para que nadie le pregunte por esta denuncia” que “lo que tiene que hacer es salir a toda velocidad a dar explicaciones muy claritas de por qué su consejería ha dicho que no hay ningún problema en un servicio en el que está sucediendo todo lo que les estoy relatando”.
Ha mostrado su confianza en que “la policía judicial sea la que investigue los pormenores” acerca del incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por una adjudicación que no cumple el pliego de prescripciones y como añadido “ha resultado beneficiado con contratos de trabajo familiares cercanísimo la persona que está al frente del Observatorio de la Infancia”.
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