SEVILLA/CÁDIZ, 20 (EUROPA PRESS)
La representación legal de Podemos Andalucía ha presentado un escrito de oposición a que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, acepte el cambio de rol procesal que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se plantea en las diligencias previas que instruye sobre contratos de este organismo, por cuanto en el plazo de una semana ha recibido el beneplácito a ser considerada parte perjudicada y este lunes propuso a la jueza ser calificada como responsable civil subsidiaria.
Este jueves en el Pleno del Parlamento el diputado de Por Andalucía y coportavoz de Podemos Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha acusado de “fraude procesal” al Gobierno andaluz por ese movimiento.
En el escrito de alegaciones que le ofrece la jueza ante la petición de la letrada sanitaria del SAS de considerar ahora a la Junta como responsable civil subsidiaria, la representación legal de Podemos argumenta que “resulta incompatible la condición de perjudicada con la de responsable civil subsidiaria” para modificar la calificación procesal de la presencia de la Junta en la causa.
Alega, por tanto, que “no cabe la revocación de la resolución firme” de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que aceptó el 10 de marzo la personación del SAS en “su condición de perjudicado”, con el agravante de que esa modificación procesal es “a instancia de la propia acusación particular”.
En el debate celebrado al respecto en la Cámara autonómica el diputado de Por Andalucía y representante de Podemos Gómez Jurado ha esgrimido que la causa judicial sobre los contratos del SAS durante la pandemia y pospandemia de coronavirus, que se instruye en juzgados de Cádiz y Sevilla, ha considerado que el Gobierno andaluz ha hecho “una serie de piruetas que nos han llamado la atención”, conclusión que ha esgrimido aludiendo a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, declaró que “no había caso” y que se trataba de “una denuncia política”.
El diputado de Por Andalucía ha relatado la estrategia procesal de la Junta para recordar que “hace diez días ustedes se presentaron en el juzgado ad cautelam, por lo que pudiera ser, y al final han acabado cortándole la cabeza al responsable de gestión económica del SAS, al señor Miranda, y al final lo hacen como perjudicados, reconociendo que había un menoscabo de los recursos públicos”.
La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha defendido, según una nota de este departamento, el compromiso del Gobierno andaluz con la legalidad y la transparencia acerca de la contratación en las centrales provinciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
“Puedo informarle de que la única actuación que va a llevar a cabo este Gobierno es colaborar con la justicia y dejar que la justicia investigue y esclarezca este asunto”, ha afirmado, subrayando la plena disposición de la Junta para cooperar con las instancias judiciales.
Hernández ha asegurado que la contratación menor en el SAS es una práctica que ya existía en la administración anterior y que “es una fórmula de contratación completamente legal y que dispuso, en su momento, de todo el respaldo jurídico pertinente”.
La consejera de Salud ha destacado que “los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud han avalado desde el primer minuto el uso de este tipo de contratación para garantizar que el sistema sanitario público funcione correctamente”.
Ha señalado que “tenemos la máxima tranquilidad de que toda la contratación se efectuó siempre con el pertinente respaldo legal y que, por tanto, siempre se ha actuado conforme a la ley”.
Ha afirmado que “ya en su momento, y en casos de idéntica tipología a este, un juzgado de Jaén archivó y otro de Sevilla rechazó la ampliación de denuncia por parte de uno de los grupos que perseguía tal fin”. Finalmente, ha insistido en que “todo responde a una denuncia política y este asunto no tendrá mayor recorrido judicial”.
CESE DEL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA SAS
En el Pleno la consejera de Salud ha debido responder a una pregunta del Grupo Socialista, que le ha formulado la diputada Ángeles Férriz, sobre el cese del director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda.
Férriz ha ironizado sobre la afirmación de que la salida de Miranda se ha producido a dos meses de su jubilación legal y se ha preguntado si estaba “cansado de desviar masivamente fondos de la sanidad pública a la privada, de trocear contratos para darlos a dedo sin publicidad, de inventarse una emergencia para contratar sin control o de ejecutar el mayor caso de corrupción sanitaria destrozando la sanidad pública”.
“La verdad es que tanta sinvergonzonería tiene que cansar mucho”, ha afirmado Férriz, quien se ha cuestionado igualmente que el Gobierno andaluz sea parte perjudicada en la causa abierta en un juzgado de Cádiz sobre contratos del SAS cuando le ha recordado que “han despedido a los interventores por investigar su trama de corrupción”.
Tras afirmar que “son ustedes el gobierno más indecente e inhumano de la historia de Andalucía”, la diputada socialista ha expresado su deseo de “a ver si convocan ya elecciones y podemos librar a los andaluces de este calvario al que ustedes lo han condenado”.
La consejera de Salud ha agradecido en el Pleno la “profesionalidad, labor y dedicación” de José Antonio Miranda al servicio público durante los años que ha estado al frente tanto de la Dirección General Económica del SAS como en su anterior etapa liderando otras responsabilidades, según una nota de la Junta.
Hernández ha explicado durante su intervención que “la única razón” para que Miranda esté cesado es la solicitud que él ha presentado motivos de índole personal “es decir, se ha producido a petición propia y por motivos personales”.
Sobre José Antonio Miranda, ha afirmado que “ha realizado un trabajo ingente, que solamente podía haber hecho un profesional como él, con unos conocimientos y una experiencia increíbles, además de un grado de compromiso tremendo y liderazgo que fue muy necesario durante la pandemia”.
- Te recomendamos -
