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Nieto dice que la Ley de Función Pública y Estrategia Digital “revolucionará” la forma de proceder en la Administración

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SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado este miércoles que con la Estrategia Andaluza de Administración Digital 2023-2030, que lidera esta consejería junto a la de Presidencia, y la Ley de Función Pública, actualmente en trámite parlamentario y “pionera” en España, “va a haber una revolución en la forma de proceder y ordenar el trabajo” que presta la Administración Pública en Andalucía para lograr que sea “más ágil, más eficaz y con la persona en el centro, tanto quien presta el servicio como quien lo recibe”.

Durante su comparecencia en Comisión parlamentaria, Nieto ha subrayado que actualmente la Administración Pública en Andalucía se rige por una ley de 1985 por lo que cambiar la regulación es imprescindible para adaptarla al siglo XXI. El objetivo es lograr una administración electrónicamente proactiva, eficaz y segura en favor del ciudadano, ahorrando desplazamientos innecesarios y apostando de forma definitiva por el papel cero.

Para ello, se trata de aprovechar las posibilidades que ofrecen las últimas tecnologías de robotización e Inteligencia Artificial así como las políticas de simplificación administrativa, que son punta de lanza de este Gobierno, e incorporar la cultura evaluadora en las políticas públicas y apostar por la formación permanente de los empleados públicos porque “la tecnología no para y la formación de los funcionarios no puede parar”.

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El consejero ha puesto en valor que la Ley de Función Pública cuenta con “un importante consenso, tras un largo diálogo, con los sindicatos que confío en que se pueda ampliar durante el trámite en el Parlamento” y ha detallado que tiene siete objetivos prioritarios.

OBJETIVOS

Así que la Ley actualizará la regulación de la función pública de la Junta de Andalucía, “tremendamente dispersa ahora”; e integrará en una única norma todas las materias que integran el régimen jurídico de la función pública de la Junta. Además, pretende atraer, desarrollar y retener el talento humano, apostando por procesos selectivos menos basados en la memorización y más en habilidades prácticas, por la profesionalización y por mejorar las condiciones laborales y posibilidades de promoción de los empleados públicos para que trabajar en la Administración resulte atractivo teniendo en cuenta siempre.

Para ello se incentivará el esfuerzo con complementos retributivos a partir de una evaluación transparente, objetiva e imparcial, “no queremos que la subjetividad determine la evaluación del desempeño y las posibilidades de desarrollo de la carrera profesional”, ha subrayado.

Precisamente, la carrera profesional es “una demanda histórica” del sector público y la ley permitirá a funcionarios de carrera e interinos tengan oportunidades de ascenso y promoción sin necesidad de cambiar de puesto. Igualmente, prevé procedimientos de provisión y movilidad más ágiles para que convocatorias de ofertas de empleo público y los concursos de traslados no se eternicen. Asimismo, reforzará la formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencias.

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En este sentido, el consejero ha destacado la labor del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP) como “referente” en la materia y llamado a ser “un gran laboratorio de ideas para desarrollar la mejor administración posible y la mejor escuela para formar a nuestros funcionarios e ir actualizando sus competencias”.

Regulará la figura del personal directivo público para profesionalizar estos puestos. “Se acabaron los puestos a dedo según un carné, no es bueno para nadie”, ha defendido. Y, por último, ha dicho, potenciará la conciliación laboral, personal y familiar y la corresponsabilidad y regulará aspectos como el teletrabajo, que tras la pandemia ha llegado para quedarse pero que, a su juicio, “no debe ser solo una medida para la conciliación, que debe propiciarse por otras vías, sino un estilo de actuación para mejorar el servicio”.

La Ley de Función Pública afectará a todas las administraciones y el también consejero de Administración Local ha dejado claro que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y no pueden quedarse atrás en esta evolución.

Para ello, además de los cambios que introducirá esta ley, ha recordado que cuentan con una herramienta que la consejería ha puesto a su disposición de manera gratuita para avanzar en la digitalización como el Catálogo electrónico de Procedimientos de la Administración Local (Cep@l), que incluye más de 450 procedimientos habituales en la relación de los vecinos y empresas con las entidades locales homogeneizados y unificados para que sean iguales en todos los ayuntamientos, permanentemente actualizados a los cambios normativos que se produzcan y con total seguridad jurídica.

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Nieto ha aprovechado para instar a los ayuntamientos a incorporar un instrumento que ya 120 ayuntamientos andaluces lo utilizan y que permite realizar trámites sin papeles ni desplazamientos, reduciendo tiempos y burocracia.

En el ámbito de las relaciones con las entidades locales ha subrayado su oferta a los presidentes de las diputaciones y a los alcaldes con los que se ha reunido de crear “un nuevo marco de relaciones con los ayuntamientos sin tutelas, de igual a igual”, en el que la Junta no someta a las administraciones locales a una duplicidad de controles.

Nieto se ha referido también a los instrumentos que se están desplegando en la Administración de Justicia en esta misma línea de digitalización y agilización en la tramitación de procedimientos a través del nuevo Adriano “que va a ser un sistema que va servir de modelo al resto de comunidades” y ha destacado la necesidad de trabajar en la interoperatividad entre órganos judiciales.


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