SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afeado las críticas de Por Andalucía al rechazo este pasado miércoles, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, de tomar en consideración la proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para modificar la Ley de Educación de Andalucía, que persigue una bajada de ratios en colegios andaluces. Moreno, de hecho, ha recordado a la portavoz de la formación, Inmaculada Nieto, que “si tanto interés tenían, tuvieron la oportunidad de hacerlo” con la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) del Gobierno de España, del que se partido forma parte.
Así le ha respondido el presidente de la Junta a la portavoz de Por Andalucía en la sesión de control en el Parlamento andaluz, en la que Inmaculada Nieto ha expresado su “tremenda decepción” por la “mala decisión” y la “mala utilización de la mayoría absoluta”. La ILP, que fue defendida ante el Pleno por Carmen Yuste como portavoz de su comisión promotora, contó con el criterio contrario del Consejo de Gobierno del PP-A y no ha seguido adelante pese a contar con los apoyos de los grupos socialista, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. Vox se abstuvo.
Esta Iniciativa Legislativa Popular ha llegado al Pleno del Parlamento tras reunir las más de 40.000 firmas de apoyo requeridas para su tramitación, y sus promotores la han impulsado tras constatar que la Ley de Educación de Andalucía “no incluye ningún pronunciamiento sobre una cuestión fundamental que determina en gran medida todos los demás: la relación máxima de alumnado por unidad educativa”. Sin embargo, desde el Gobierno andaluz se han opuesto a la tramitación de esta iniciativa partiendo de la idea de que “la reducción generalizada de la ratio alumno por aula en todos los niveles educativos debe implementarse, por su efecto en la arquitectura del sistema educativo y su financiación, en el marco de una normativa estatal”.
Además, desde el Gobierno andaluz han sostenido que la medida que plantea la ILP “implicaría la redefinición de la red de centros docentes, recortando la libertad de las familias para elegir centro educativo”, y el conjunto de medidas recogidas en la misma comportarían “un incremento anual en los presupuestos de la Comunidad de Andalucía de 1.362 millones para atender solo el aumento de personal docente y no docente, sin tener en consideración los gastos derivados de las nuevas necesidades de infraestructuras, siempre que fuese posible por la disponibilidad de terrenos y espacios, ni los gastos indirectos por el crecimiento de unidades tanto en centros públicos como concertados”.
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