SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
Más de la mitad –un 52,74%– de las entidades locales de la comunidad autónoma andaluza no ha rendido sus cuentas correspondientes al ejercicio del año 2022 a la Cámara de Cuentas de Andalucía, de forma que el porcentaje de las que han cumplido ese trámite ha bajado al 47,26% en dicho periodo de tiempo.
Son datos que se extraen del informe anual del Sector Público Local Andaluz relativo a la rendición de las cuentas referidas al ejercicio 2022 elaborado por la Cámara de Cuentas, que ha difundido este jueves dicho organismo.
Según han explicado desde dicho órgano de extracción parlamentaria, en dicho informe, “además de analizar el grado de cumplimiento de la obligación de formular, aprobar y rendir la Cuenta General”, se ha analizado “especialmente” en este trabajo “la calidad de la rendición de los ayuntamientos con población superior a 20.000” habitantes “y de las diputaciones provinciales”, y ha puesto también “el foco en 81 ayuntamientos y entidades locales autónomas que no han rendido cuentas de los cinco últimos años”.
Las entidades locales andaluzas están “sujetas a la fiscalización de su gestión económico-financiera” por la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), según establecen los artículos 130 y 194 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Anualmente, la Cámara de Cuentas aborda el análisis del Sector Público Local Andaluz y, “de manera reiterada año tras año, se constata los bajos porcentajes de rendición de las entidades locales”, según ha recordado dicho órgano de extracción parlamentaria, que ha detallado que, “en el periodo comprendido entre los años 2020 a 2022, los porcentajes de rendición no superan el 50%, pasando del 48,21% en 2020 al 47,26% respecto a la rendición de cuentas del ejercicio 2022”.
El Sector Público Andaluz está constituido por 1.456 entes, de los que 893 son entidades locales principales –diputaciones, ayuntamientos, entidades locales autónomas y mancomunidades– y 563 son entes dependientes o instrumentales de esas entidades principales, como sociedades mercantiles, organismos autónomos, consorcios, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro y entidades públicas empresariales.
A 15 de mayo de 2024, fecha de conclusión de los trabajos, 471 entidades, un 52,74%, no han rendido la Cuenta General de 2022, según ha informado la Cámara de Cuentas, que ha confirmado así que “los ayuntamientos que rinden cuentas representan un 58,63% de la población de Andalucía”.
Para el órgano fiscalizador, “es especialmente destacable los bajos índices de rendición que se registran en el tramo de ayuntamientos de más de 50.000 habitante”, donde hay 17 ayuntamientos –un 56,67% del censo de ayuntamientos en ese tramo– que no han rendido cuentas, y que son, en concreto, Benalmádena (Málaga), El Ejido (Almería), Estepona (Málaga), Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María (Cádiz), Fuengirola (Málaga), Jaén, Jerez de la Frontera (Cádiz), Linares (Jaén), Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria (Málaga), San Fernando, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Torremolinos (Málaga), Utrera (Sevilla) y Vélez-Málaga.
Igualmente “bajos” son los índices de rendición de los ayuntamientos con tramo de población comprendido entre los 50.000 y 20.000 habitantes, donde “la no rendición alcanza un ratio de 55,56%”. En concreto, son 30 ayuntamientos los que no rinden 2022 en este tramo.
Dentro de las diputaciones provinciales, tanto la de Almería, Cádiz como la de Málaga, no han rendido cuentas y la de Córdoba lo hace fuera de plazo. Por provincias se considera “especialmente destacable” los altos niveles de no rendición alcanzados por las provincias de Cádiz (66,67%), Huelva (66,25%), Sevilla (58,49%) y Málaga (57,28%). Hay 153 entidades locales que no rinden las cuentas de los últimos cinco años (2018-2022).
La “principal novedad” en la rendición de la cuenta general de 2022 ha sido que los ayuntamientos de municipios con población superior a 50.000 habitantes y las entidades supramunicipales que tengan entidades dependientes “deben formular cuentas consolidadas”.
De las 48 entidades que están obligadas a la rendición consolidada, 20 han rendido cuentas, de las que 12 son las que han cumplido con la obligación de consolidar.
Por otro lado, el resultado de someter las 422 cuentas rendidas al sistema de validaciones genera un total de 6.729 incidencias, de las cuales 5.200 corresponden a entidades principales y 1.529 a entidades dependientes.
Por último, las causas aducidas por los ayuntamientos a la falta de rendición se refieren “a la escasez y falta de cualificación del personal y la sobrecarga de trabajo que ésta conlleva y que incide directamente en retrasos en la contabilidad”. Este problema “parece responder a una necesidad estructural no atendida convenientemente”, apuntan desde la Cámara de Cuentas.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones recogidas en el informe se destacan aquellas “dirigidas a la adopción de medidas que mejoren los bajos índices de rendición registrado durante los últimos años”.
La Cámara de Cuentas ha detallado que una de esas recomendaciones es “instar a los órganos competentes de las administraciones estatal, autonómica y local a reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las intervenciones locales para el ejercicio de sus funciones de control interno de la actividad económico-financiera y presupuestaria de las entidades locales, la llevanza de contabilidad y la formación de la cuenta general de aquellas, impulsando su rendición en plazo”.
Otra recomendación es “fortalecer la asistencia y el asesoramiento a los municipios, especialmente a los de menos de 5.000 habitantes, por parte de las diputaciones provinciales”. A tal fin, “deberían potenciarse y desarrollarse los procedimientos ya existentes en estas entidades supramunicipales, disponiendo de mecanismos de seguimiento y control en relación con la eficacia de la asistencia prestada”, apuntan desde la Cámara de Cuentas, desde donde también se ha lanzado la recomendación de que “los ayuntamientos de menor población deben solicitar la asistencia a municipios que las diputaciones provinciales están obligadas a prestar”.
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