CÓRDOBA, 28 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado rebajar de 41 años a 27 años y seis meses de cárcel las penas impuestas a un varón por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba por delitos de robo con violencia, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, amenazas y lesiones, a la vez que rebaja de 22 años a 18 años y seis meses de cárcel las penas para una mujer, pareja del anterior, condenada por este caso ocurrido en el municipio cordobés de Lucena en marzo y abril de 2021 tras crear un perfil con nombre de mujer en una red social de contactos para ofrecer servicios sexuales y supuestamente cometer los citados delitos sobre cuatro hombres.
En su sentencia, el Alto Tribunal andaluz ha estimado parcialmente el recurso de los condenados y en lo relativo a la condena del varón por dos de cuatro delitos de robo con violencia y uso de armas y de dos de tres de detención ilegal ahora lo condenan en concurso medial a seis años y seis meses de prisión.
Y en lo relativo a la condena de la mujer por uno de dos delitos de robo con violencia y uso de armas y de uno de dos de detención ilegal ahora la condenan en concurso medial a la pena de cinco años y seis meses de prisión. Y se mantienen el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida en todos sus extremos.
Contra la actual resolución cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo. Ambos acusados se encuentran en prisión provisional, prorrogada por la Audiencia Provincial en noviembre de 2022.
En concreto, se da por probado que el varón, con antecedentes penales, y la mujer, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, eran pareja de hecho y convivientes en un domicilio en Lucena. Allí residían también con sus hijos, uno mayor de edad y dos menores.
‘MODUS OPERANDI’ CON UN HIJO
La acusada, que salió de prisión antes de los hechos, supuestamente ideó con su pareja crear un perfil en una red social de contactos. “Con la idea de atraer supuestos clientes para contactos sexuales”, el acusado, “solo o con ayuda de uno de sus hijos que compartía su interés por la comisión de ilícitos penales”, crearon el perfil con nombre de mujer con un número de teléfono que usaban bien ellos, bien su pareja cuando estuviera en libertad “ofreciendo servicios de tipo sexual”.
Una vez contactaban con ellos, “se ganaban su confianza e intercambiaban mensajes para dirigirlos a su domicilio y allí las víctimas eran sorprendidas, atacadas haciendo uso de armas blancas diversas y portando casi siempre mascarilla quirúrgica negra para no ser reconocidos, siendo golpeados, maniatados y asaltados para obtener dinero que portaban y hacerse con tarjetas bancarias para extraer dinero, previa obtención del pin de forma violenta”.
Dicho ‘modus operandi’ lo realizaron el día 28 de marzo de 2021, cuando sobre las 18,30 horas, un varón, previa visualización de un anuncio que los acusados publicaron en la página web de citas, acudió al domicilio, donde le abrió la puerta uno de los hijos, que le dijo que entrara y una vez en el interior, el acusado, portando un machete de grandes dimensiones, le obligó a permanecer en la casa, a la vez que exhibió un cuchillo/katana de grandes dimensiones.
“Con ánimo de obtener beneficio económico ilícito, le exigió que le entregara el dinero que llevaba, ascendiendo a 60 euros”, recoge la sentencia, que añade que borraron las conversaciones que había con el número de teléfono de los procesados, para posteriormente y tras haberle sustraído el dinero dejarlo en libertad.
AMENAZAS DE MUERTE
El mismo día, sobre las 20,30 horas, otro hombre, tras contactar a través de la web, acudió al domicilio y uno de los hijos menores de los acusados “lo obligó a entrar en contra de su voluntad, encontrándose en su interior al varón que, portando un cuchillo/katana de grandes dimensiones, se dirigió a él y con ánimo de obtener beneficio económico ilícito, le golpeó y lo tiró al suelo, cogió la cartera que llevaba y sustrajo cien euros”.
Posteriormente, “siguió agrediéndole, dando golpes por la cabeza, llegando a pisarla, y patadas en la espalda, mientras le decía que le diera el pin de su tarjeta de crédito”.
Ante tal situación “violenta”, el afectado facilitó la clave de la tarjeta y el procesado contactó con otro acusado, que “no conocía lo ocurrido” con el citado varón y acudió a una sucursal, sacando 70 euros. Tras volver con el dinero, el procesado puso en libertad a su víctima, no sin antes decirle que no contara nada y le amenazó de muerte, algo que “causó gran desánimo” en el afectado, “que denunció inicialmente que los hechos ocurrieron de otra forma”. Como consecuencia de ello, sufrió lesiones y reclama por ellas y por el dinero sustraído.
El día 4 de abril, otro hombre, una vez visitó la página web, concertó una cita en el domicilio. Así, la acusada vigilaba en la parte exterior de la vivienda y subió detrás de la víctima para ver que no se equivocaba, de modo que una vez llegó a la casa, le abrió el acusado.
Este, “esgrimiendo un cuchillo/katana de grandes dimensiones, lo introdujo contra su voluntad en el interior y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, con intención de que no pudiera huir y con ayuda de quien pudiera ser su hijo, lo maniataron y colocaron unos grilletes, dejándolo sentado en un baño sin salida, no sin antes golpearlo para que les diera la cartera, de la que se hicieron con 70 euros”.
Seguidamente, le pidieron el pin de la tarjeta, de modo que, “ya vencido y ante la situación”, el hombre se la facilitó. Tras ello, la procesada y uno de sus hijos menores –respecto del que se sigue procedimiento en la jurisdicción correspondiente–, acudieron a una sucursal y sacaron mil euros. Una vez volvieron al domicilio, liberaron al afectado, que “no consta que sufriera lesiones por estos hechos” y reclama por el dinero sustraído.
“ABANDONADO EN UNA ZONA RURAL”
El día 8 de abril, otro varón contactó a través de la página con los acusados y acordaron una cita. Al no vivir en Lucena, quedó antes y uno de los hijos menores del matrimonio fue a su encuentro. Una vez llegaron a la casa, el acusado “le obligó a entrar en contra de su voluntad” y “con un machete de grandes dimensiones, con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, le dijo que le diera todo lo que llevase encima”.
Al respecto, el hombre se negó, comenzando el procesado a golpearlo por todo el cuerpo. Cayó al suelo e intentó pedir auxilio por una ventana, siendo interceptado y sujetado por la acusada, “golpeándole ambos nuevamente con puñetazos y patadas por todo el cuerpo”.
“Viendo que se resistía, cogieron una pistola, que posteriormente resultó ser de juguete, mientras le decían que diera el número pin de la tarjeta, que facilitó a la vista de la situación”, según señala la sentencia, que agrega que “uno de los hijos menores acudió a la sucursal y extrajo mil euros”, a la vez que “le sustrajeron un móvil y las llaves de su coche”.
Tras ello, la pareja acusada cogió al perjudicado, “le ataron las manos a la espalda, lo metieron en el maletero de su coche tras haberle cubierto la cara con papel film y lo abandonaron en una zona rural”.
Al día siguiente, un cuarto acusado, “sin conocer la procedencia, sin saber qué habían hecho los acusados y de dónde obtuvieron la tarjeta”, acudió a otra sucursal y sacó 500 euros, tras “prometerle 20 euros por la gestión y porque la acusada no podía salir de casa al tener una pulsera de control telemático”. Finalmente, “sólo le dieron 15 euros de lo prometido, sin participar en ninguna otra acción”.
El día 15 de abril, los agentes policiales registraron el domicilio y encontraron armas blancas y katanas de grandes dimensiones, armas prohibidas y que eran utilizadas por los acusados, que se encuentran privados de libertad desde dicho día, mientras que los otros dos han sido absueltos.
- Te recomendamos -
