CÓRDOBA, 4 (EUROPA PRESS)
Los trabajadores del Servicio de Transporte Sanitario del Sur de Córdoba “llevan 42 días de huelga”, reclamando a la empresa adjudicataria de dicho servicio de ambulancias que les abone las “cinco nóminas” que les adeuda, y ahora, cuando ayer lunes 3 de marzo se cumplió el plazo dado por la Junta de Andalucía para que les pagara, los trabajadores esperan que la Administración autonómica adopte medidas contra la empresa a la que adjudicó el mencionado servicio.
A este respecto y en una nota, el sindicato CTA, convocante de la huelga de los trabajadores de ambulancias del Sur de Córdoba, ha recordado que el parlamentario andaluz por Córdoba de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, preguntó a la “consejera de Salud del Gobierno de Juanma Moreno” por este asunto, y ésta “se comprometió a tomar medidas contra la empresa si no pagaba las nóminas antes del 3 de marzo”.
A lo mismo, según ha subrayado CTA, “se comprometió el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, en presencia de la delegada de Salud, María Jesús Botella”, a “adoptar medidas si el día 3 de marzo no habían pagado”, pero “el día 3 no han pagado y las medidas aún no se han anunciado”.
La cuestión ahora, según ha señalado el sindicato, “no es ya las medidas sancionadoras que pueda adoptar la Junta de Andalucía” contra la empresa a la que adjudicó el servicio, sino “qué decisiones debe adoptar el Gobierno de Juanma Moreno para que estos trabajadores cobren sus nóminas, y que los pacientes sean atendidos debidamente”.
A este respecto, desde CTA se ha señalado que la Junta de Andalucía “está pagando a la subcontrata, pero ésta no paga a sus trabajadores y, por lo que se nos ha informado, tampoco a la Seguridad Social”, y además “esta empresa está desviando servicios de ambulancias, que están asignadas al transporte sanitario de los hospitales de Montilla y Puente Genil, a servicios de mutuas privadas”.
Ante todo ello, en el sindicato se han preguntado “¿qué solución tiene la Junta de Andalucía?”, llegando a la conclusión CTA que “ninguna, porque esta empresa se va en agosto y lo que está intentando es pagar lo menos posible para llevárselo crudo”, y “sí que hay solución al problema, pero lo que pasa es que la gestión de la Junta de Andalucía la preside el dogma de la economía liberal, la oferta y la demanda, y desde esa perspectiva gestiona la sanidad pública, entregándosela a empresas privadas, para que hagan negocio con la salud de los enfermos y asalten las arcas públicas”.
La solución, según han insistido en el sindicato, “la tiene Juanma Moreno en su mano” y consiste en “incorporar a estos trabajadores al Servicio Andaluz de Salud (SAS), dejar de pagarle a la empresa por incumplimiento grave del contrato mercantil, y aprovechar ese dinero para pagarle a los trabajadores, que seguro es mucho menos de lo que pagan a la empresa” y, desde luego, “no devolver la garantía depositada por la empresa” e “inhabilitarla para la prestación de servicios públicos”.
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