CCOO dice que no es un problema de seguridad y pide no criminalizar a los jóvenes: “No se soluciona con detectores de metales”
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y ANPE han reclamado ampliar las plantillas de docentes y más recursos humanos y materiales en los colegios para prevenir casos como la agresión de un menor con un arma blanca a tres profesores y dos niños en un instituto de Jerez de la Frontera (Cádiz).
“Estamos observando cómo hay alumnado muy joven que necesita apoyo, no hay apoyo suficiente y esto afecta a familias y a profesionales, estamos entrando en un terreno muy peligroso”, ha advertido en declaraciones a Europa Press la secretaria de Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO, Nani Pizarro, quien ha trasladado su solidaridad con las víctimas y les ha deseado una pronta recuperación.
La agresión en un colegio de Jerez de la Frontera vuelve a poner de manifiesto, según señala Pizarro, la necesidad de aprobar un Plan de Salud Mental a nivel estatal. “Necesitamos que esto se decida, que se hagan reuniones y un plan en condiciones”, ha precisado.
A su vez, CCOO reclama que las comunidades autónomas se coordinen desde ese Plan Estatal de Salud Mental e incide en la necesidad de contratar a “más profesionales educativos, más psicólogos e invertir en salud mental” para prevenir este tipo de casos.
La secretaria de Salud Laboral del sindicato también ha alertado de que hay “un aumento de la violencia de género entre chicos muy jóvenes”. “Si a la educación no le das recursos difícilmente va a poder trabajar”, ha apostillado.
No obstante, cree que este caso no vaya a producir un efecto réplica y que haya más agresiones similares en otros colegios, ya que esto, a su juicio, “generalmente está causado por un alumno que necesita una atención psicológica y psiquiátrica que los recursos que hay impiden dársela”.
Así las cosas, Pizarro defiende que esto “no se soluciona poniendo detectores de metales” a la entrada de los colegios, ya que “no es una cuestión de seguridad”, sino una cuestión de “recursos e invertir en salud mental”. “No se puede criminalizar a los menores, hay que obtener más recursos. No hacemos un diagnóstico de que hay que aumentar la seguridad, ni de que pueda tener un efecto rebote”, insiste.
LOS PROFESORES SUFREN ESTOS CASOS “EN PRIMERA LÍNEA”
Desde UGT, que muestra su “más absoluta repulsa” a esta agresión, han subrayado que, aunque estos casos afectan también al centro, alumnado y familias, son los profesores los que los sufren “en primera línea”.
“Esto tendría remedio si las aulas no estuvieran tan masificadas, se bajaran las ratios y se ampliaran las plantillas, así como dotar con el suficiente número de asesores a los centros educativos”, afirma el sindicato, destacando que dotar a los centros con personal de otras categorías no docentes “ayudaría también a reducir el número de casos de agresión”.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha expresado su consternación por el suceso ocurrido en la mañana de este jueves en el instituto de Jerez de la Frontera, apunta que incidentes como este “ponen de manifiesto la vulnerabilidad del profesorado y que es necesario tomar más medidas para garantizar que los centros educativos sean siempre espacios seguros”.
Por ello, exige que se implementen las medidas necesarias que eviten agresiones a los profesionales que desempeñan su trabajo en los centros educativos y reclama “más recursos, tanto de seguridad en los centros cuando así se considere necesario, como recursos preventivos”.
En este sentido, el sindicato hace hincapié en la “necesaria ampliación de plantillas docentes, de forma que se minore el número de alumnos a los que atender, lo que redundaría claramente en una mejora del clima de convivencia, así como el incremento de los profesionales de Orientación Educativa”.
Para ANPE, el sindicato independiente del profesorado de la enseñanza pública, que también manifiesta su solidaridad a los profesores y alumnos del centro, insiste en la “urgente necesidad” del desarrollo normativo de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, en la mayor dotación de recursos humanos y materiales para la atención a la diversidad del alumnado, y en el desarrollo de un servicio eficaz de enfermería escolar que, entre otras funciones, vele por la salud mental del alumnado.
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