CÁDIZ, 1 (EUROPA PRESS)
Los jueces de la Audiencia Provincial de Cádiz, afectados por el cierre temporal de estas instalaciones y que suspendieron su actividad el pasado 24 de noviembre, han solicitado a la administración competente que adopten “medidas urgentes” para ser reubicados en otro edificio mientras se acometen las obras de reparación del actual edificio, o “en caso de no ser viable, se busque una alternativa definitiva”.
Ante esta situación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, va a mantener este viernes, 2 de diciembre, una reunión con los operadores jurídicos de la provincia de Cádiz que han paralizado su actividad por el cierre de las dependencias de los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, ubicadas en el edificio San José de Cádiz, que fue desocupado por la Junta de Andalucía a mediados de noviembre hasta resolver los problemas en su estructura.
“No se puede concebir la paralización de los Juzgados de Instrucción durante más de dos semanas”, denuncian en el acuerdo establecido en la Junta Sectorial de los jueces de los Juzgados de Instrucción Cádiz, a la que ha tenido acceso Europa Press. En su opinión, las medidas alternativas planteadas por la Junta de Andalucía “no permiten desarrollar el trabajo diario sin merma de los derechos de los interesados, ni realizar los actos procesales imprescindibles para la correcta instrucción de las causas penales”.
Los jueces aseguran que la jurisdicción penal “presenta caracteres diferenciadores de la civil” por lo que es necesario “un tratamiento diferenciado”. En ese sentido, señalan que la instrucción penal está sujeta a unos plazos “que no se suspenden” y que la paralización de esta actividad “por ausencia física de sede física, produce un perjuicio no solo a la instrucción penal sino a las partes del proceso”.
“Las causas con preso suponen un problema serio difícil de solventar”, advierten los jueces en su escrito, recordando que “la paralización de la instrucción no puede ir en contra de los derechos de los investigados ni el derecho de las acusaciones públicas y privadas”.
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