SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz ha designado este miércoles a los tres diputados –de los grupos Popular, Socialista y Por Andalucía– que serán los encargados de defender en el Congreso la proposición de ley presentada por el grupo Por Andalucía relativa a la reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la función pública.
Se trata de una proposición de ley a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados que el Parlamento andaluz aprobó el pasado 18 de septiembre con el apoyo unánime del Pleno, lo que permitió que su tramitación se llevara a cabo por el procedimiento de lectura única.
Dado que esta iniciativa debe continuar su tramitación en el Congreso de los Diputados, una vez aprobada en el Pleno del Parlamento resultaba necesario designar a tres diputados que vayan a defenderla a la cámara baja, que es el trámite que se ha llevado a cabo este miércoles.
Para ello se ha seguido el procedimiento descrito en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento, de forma que los diputados han votado en urna a dichos representantes que acudirán al Congreso entre los nombres propuestos previamente por los grupos, y han sido elegidos los tres que han obtenido mayor número de votos.
Los parlamentarios que habían propuesto los grupos para defender dicha proposición de ley ante el Congreso eran el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, las diputadas del PSOE-A y Por Andalucía Pilar Navarro y Esperanza Gómez, respectivamente, y el parlamentario de Vox Benito Morillo.
Han resultado elegidos Toni Martín, con 47 votos; Esperanza Gómez, con 31, y Pilar Navarro, con 15, de forma que Benito Morillo, con doce apoyos, se ha quedado sin representante para acudir al Congreso a defenderla al obtener menos votos que los otros tres parlamentarios.
OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY
La referida proposición de ley persigue que se eleve a la Mesa del Congreso de los Diputados una propuesta de modificación del artículo 61.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de incluir que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59, las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistan en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo.
Se trata así de sustituir el examen de acceso de las personas con discapacidad intelectual por una especie de prueba práctica en la que se evalúen sus competencias para desempeñar el trabajo, y no unos conocimientos teóricos que les cuesta adquirir y que, sobre todo, “les cuesta demostrar en un examen test que no está concebido para personas que no entienden el concepto de trampa que entraña todo examen de este tipo, aunque sea fácil”, según argumentaron desde el grupo impulsor de esta iniciativa.
Esta proposición de ley ha contado también con el criterio favorable del Consejo de Gobierno andaluz del PP-A, que en su reunión del pasado 26 de agosto dio su visto bueno a la tramitación de esta iniciativa.
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