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“Las plazas de PTIS de Función Pública seguirán creciendo y los pliegos de contratación mejorarán”, destaca Del Pozo

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SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha destacado en el Parlamento que el compromiso del Gobierno andaluz “es firme” con las mejoras del servicio de los Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS), “dentro del marco de nuestras competencias”, para lo que la Consejería mantiene abierto el diálogo con este colectivo. Ha explicado así las propuestas de mejora que benefician tanto a las profesionales de Función Pública como a las contratadas por empresas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), “una herencia que recogimos en una situación límite y precaria”, ha subrayado.

En concreto, y en respuesta a sendas preguntas en el Pleno por parte de Vox y del PSOE, ha informado de que la intención es “seguir creciendo” en puestos para PTIS de Función Pública y, por otro lado, “mejorar y endurecer” las condiciones de los pliegos para garantizar el servicio de las profesionales contratas por empresas a través de APAE.

Igualmente, la consejera ha detallado las mejoras que ha realizado el Gobierno andaluz para estos profesionales que realizan una labor fundamental con el alumnado de necesidades educativas especiales. Así, el presupuesto de 2024 destina 32,4 millones de euros a la contratación de PTIS a través de APAE, es decir, “21 millones más en cinco cursos”. Además, ha señalado que el sistema educativo andaluz cuenta con 1.050 Técnicos de Integración Social más desde el 2018, hasta alcanzar la cifra de 2.972, es decir “un 55% más de estos profesionales destinados a atender al alumnado más vulnerable”.

En relación a las profesionales de Función Pública, ha expuesto que en 2018 había 729 y ahora el sistema dispone de 1.087, es decir la plantilla consolidada de PTIS de Función Pública “ha crecido un 36,5%”.

Por otro lado, la consejera ha informado de que la inversión en Educación Especial es la que más crece en los presupuestos de 2024, con una cifra que alcanza los 566 millones de euros, un 67% más que en 2018. Esta apuesta del Gobierno andaluz, permite que “tengamos la mayor plantilla de profesional especialistas en atención a la diversidad de la historia, con más de 10.700 profesionales”, ha subrayado.

Este incremento en las cuentas también “ha permitido que la inversión por alumno con necesidades educativas especiales pase de 5.582 euros a 7.264, un 30% más desde 2018 y que haya un 25% más de especialistas en Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica hasta llegar a los 7.515, en el mismo periodo de tiempo”, ha subrayado, para añadir que, además, se han creado 300 unidades específicas y 513 de apoyo a la integración y 270 orientadores más en el sistema educativo.

Por tanto, Del Pozo ha afirmado que “nunca antes el alumnado vulnerable había dispuesto de tantos recursos como en la actualidad”, aunque “somos conscientes de que hay que seguir mejorando la atención de estos escolares con necesidades educativas especiales”.

VOX CONSIDERA QUE “SE ESTÁN VULNERANDO LOS DERECHOS DE ESTOS NIÑOS”

Por su parte, la diputada de Vox María Mercedes Rodríguez ha lamentado que la situación del alumnado con necesidades educativas especiales “no pasa por su mejor momento”, ni tampoco la de los profesionales de la integración social que deben acompañarlos, algo que “se viene arrastrando de épocas socialistas”, pero “ya no sé si por los pliegos expuestos a esas empresas terceras o bien por la falta de recursos desde la Administración”.

Ha añadido que el presupuesto que ha presentado la Consejería de Desarrollo Educativo “es insuficiente”, de ahí que el Grupo Parlamentario Vox “haya presentado una enmienda para incrementar la contratación de estos PTIS”, que “esperamos se traduzca al final en acciones reales”, ya que las familias lo “consideran un maltrato y una falta de respeto” como “han denunciado en más de 150 colegios andaluces y a lo largo y ancho de toda Andalucía”.

“Nosotros, al igual que las familias, consideramos que se están vulnerando los derechos de estos niños”, ha insistido Rodríguez, quien tras exponer el caso de un niño de siete años con Enfermedad de Duchenne, ha asegurado que “esto no es algo puntual”.

De otro lado, desde el PSOE la diputada Susana Rivas ha asegurado que “habrá crecido el presupuesto” para atender los alumnos con necesidades especiales, pero también le ha recordado que el pasado 4 de diciembre, 2.800 AMPA, junto con la comunidad educativa, se concentraron en los colegios de toda Andalucía por “la grave falta de recursos” para este alumnado al grito de ‘¡Quiero ir a clase como tú!’.

PSOE: LA SITUACIÓN “ES INSOSTENIBLE”

Y es que este alumnado “lleva desde que gobiernan siendo el gran olvidado del sistema educativo andaluz y la terrible realidad que viven junto a sus familias no es más que la consecuencia del maltrato que sufren a diario por el Gobierno del señor Moreno Bonilla, con una oferta de plazas claramente insuficiente que provoca que las y los profesionales de la atención a la diversidad sean compartidos, sin que establezcan un ratio por profesionales en aulas ordinarias y específicas, que sería lo correcto y que es lo que le están pidiendo todos los colectivos”.

Además, “las familias se ven obligadas a matricular a sus hijos e hijas fuera de su zona porque en la suya no encuentran plazas en las aulas específicas” y “con un decreto de la vergüenza que relega la atención a la diversidad a una mera cuestión asistencial convirtiendo la inclusión educativa y social en un servicio complementario, y que mantiene al personal de integración social e intérprete de lengua de signos externalizados en una situación de absoluta precariedad”.

En definitiva, para Rivas supone “una vulneración sistemática de los derechos que la LEA reconoce a este alumnado y que el gobierno de Moreno Bonilla no hace efectivo sencillamente porque no articula los recursos materiales y humanos que garanticen una educación inclusiva que no deje a nadie atrás en igualdad y en diversidad”. Por tanto, “una situación insostenible que cada inicio del curso se ve agravada por la inoperancia y negligencia” del Gobierno andaluz.


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