SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
Este sábado entran en vigor las bases reguladoras de las subvenciones de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública a los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Andalucía para financiar la designación de estos profesionales para que representen de forma gratuita a las víctimas de violencia de género en las fases del proceso penal en que su intervención no sea preceptiva.
Por esa circunstancia, la de no la obligatoriedad de la asistencia procesal mediante procurador, determina que estas ayudas no pueden acogerse al programa de Asistencia Jurídica Gratuita y obliga a la Administración autonómica a buscar otro soporte legal.
Este viernes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la orden de 26 de julio sobre esas bases reguladoras, que rubrica el consejero, José Antonio Nieto.
Estas ayudas para este ejercicio 2024 cuentan con una partida de 255.000 euros. La Junta subvenciona cada actuación –módulo, en la terminología técnica– no obligatoria que cubra el procurador con un precio de 38,5 euros.
Con esta orden, la concesión de ayudas a los colegios de procuradores de Andalucía estará ya “reglada y fijada”, según explicó la Consejería en abril a Europa Press.
Estas bases reguladoras son herederas, a su vez, de “las bases reguladoras tipo” que aprobó la Consejería de la Presidencia con una Orden de 20 de diciembre de 2019 para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva.
En la memoria justificativa de esta iniciativa el Gobierno andaluz apelaba a motivaciones para crear estas bases reguladoras como “hacer plenamente efectivo lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, así como “dar continuidad al marco jurídico de cooperación con el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales”.
En 2021 y 2022, cuando se estrenó este servicio, el más de medio millón de euros que se destinó se articuló mediante un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores. En 2023, los 255.000 euros reservados se repartieron mediante una convocatoria excepcional. A partir de este año esta orden es la que se aplicará. Desde 2021 se hacen alrededor de 6.600 actuaciones al año.
La Consejería de Justicia ha pedido a los jueces andaluces dar a conocer entre las víctimas de violencia de género la existencia de este servicio gratuito ya que con él se evita la “revictimización” por cuanto, al disponer de un procurador, deja de ser necesaria la presencia de la víctima en los juzgados para los trámites judiciales necesarios.
“En la práctica procesal, sólo la intervención profesional de la abogacía es la que tiene que estar garantizada para las víctimas de violencia de género, y ello pese a la importante labor que en el proceso penal cumplen los profesionales de la procura”, ya que facilitan la “inmediata y eficaz” comunicación del juzgado o tribunal con la parte a la que representa.
La Junta considera “esencial y de interés público arbitrar un mecanismo que permita a las víctimas disponer de la representación procesal a través de procurador durante todo el proceso penal, máxime si tenemos en cuenta la importante labor dinamizadora que dicho profesional puede desempeñar” en el proceso penal, “fundamentalmente, en lo relativo a la agilización de las comunicaciones entre la víctima y el órgano jurisdiccional”.
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