SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha afirmado que las adjudicaciones musicales se hacen “conforme a lo establecido en la propia ley de contrato del sector público en su artículo 25”, mientras que el PSOE le ha acusado de adjudicar los contratos “renunciando al concurso público y optando por el procedimiento de negociado sin publicidad”.
Así lo ha puesto de manifiesto Bernal durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, en respuesta a la pregunta oral formulada por parte del diputado del grupo parlamentario socialista Rafael Alfonso Horacio, quien le ha recriminado que “la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, mediante negocios sin publicidad, ha adjudicado por valor de 117.430 euros un contrato a la empresa Flamenco Stand, con dirección social en Valencia, cuya actividad es la gestión de salas de espectáculo y su administrador único tiene una veintena de sociedades que nada tienen que ver con la producción cultural”.
Asimismo, el parlamentario socialista, para finalizar, le ha preguntado al consejero si va a seguir negociando “sin publicidad y a la espalda de grandes especialistas del flamenco y la danza en nuestra tierra”.
Por su parte, Bernal le ha recordado que el procedimiento de contratación a través de negociado sin publicidad es “perfectamente legal y responde, en nuestro caso, de forma absolutamente clara a los parámetros que marca la Ley de Procedimiento Administrativo y la de Contratación Pública”.
Por último, el titular del ramo ha defendido que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales dispone de diferentes direcciones artísticas y equipos de programación reconocidos profesionalmente, con una larga trayectoria para diseñar, seleccionar y negociar esos espectáculos que se contratan en cada uno de los espacios y eventos organizados por la Consejería.
“Por lo que en la adjudicación de contratos tenemos en cuenta lo establecido también en el artículo 168 del contrato del sector público, que contempla la adjudicación directa por proceder a la protección de derechos exclusivos incluidos en la propiedad intelectual. Es un procedimiento habitual, no solamente en esta Administración, sino en muchas otras”, ha concluido Bernal.
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