SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación abre este martes la convocatoria para evaluar los complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) de carácter universitario. De acuerdo con el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 13 de septiembre, los profesionales interesados en participar en el procedimiento tendrán de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar las solicitudes con sus méritos en el Registro Electrónico Único a través de https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25548.html.
Ésta es la primera convocatoria que se publica acogida al nuevo modelo aprobado el pasado mes de junio por Junta, rectores y sindicatos en el marco de la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas que mejora el sistema anterior e incluye como principal novedad una periodicidad anual en la evaluación y reconocimiento de esta asignación complementaria, según la información recogida por la Junta en una nota.
Con carácter general, el proceso va dirigido al PDI vinculado a las universidades públicas, que como novedad, no deberán acreditar antigüedad alguna, un requisito sí exigido anteriormente. También se podrán acoger los profesionales de instituciones académicas públicas de fuera de la comunidad que presten sus servicios en el sistema andaluz con una antigüedad mínima continuada de dos años completos a fecha de la publicación de dicha convocatoria.
Este colectivo está conformado en Andalucía por casi 18.400 personas, que en su mayoría podrán beneficiarse de esa evaluación, ya que las bases reguladoras han ampliado las figuras beneficiarias con respecto al modelo anterior, permitiendo la incorporación de los profesores sustitutos interinos a tiempo completo, los asociados o los investigadores de excelencia. Precisamente, la Consejería de Universidad ya ha avanzado que la convocatoria que se lance el próximo año continuará ampliando el cupo de beneficiarios, pudiéndose acoger a partir de 2025 la figura del profesorado sustituto interino a tiempo parcial, siempre que cumplan 900 horas de docencia. Con carácter general, este perfil contractual atiende un número determinado de horas, establecido entre dos y seis horas a la semana.
Los complementos autonómicos son un tipo de retribución económica adicional al sueldo de esta plantilla universitaria que está vinculada a la actividad que desarrolla en el campo de la docencia, la I+D, la transferencia e intercambio de conocimiento e innovación, así como en materia de gestión. Con su reconocimiento se persigue alcanzar la excelencia en el desempeño profesional en cada una de esas áreas. Además, dicha remuneración se distribuye en tramos y el número máximo que es posible acreditar son cinco, atendiendo a los diferentes ámbitos.
En esta convocatoria, la Consejería de Universidad ha incrementado el importe, situándolo en 1.800 euros anuales por cada uno de ellos. La Consejería de Universidad ha flexibilizado los criterios para alcanzar los cinco tramos reconocidos, de forma que será posible obtenerlos teniendo en cuenta únicamente los requisitos fijados para docencia e investigación y no los contemplados para la gestión. Por otro lado, se garantiza a quienes no participen en la nueva convocatoria que su experiencia docente e investigadora se compute cuando accedan a otras figuras.
Para analizar el desempeño docente de los diferentes cuerpos se medirán periodos de cinco años completos y se tomará como referencia la parte alusiva del complemento específico recogido en el salario. En este caso, se amplían los tramos que son posibles acumular por la actividad docente, pasando de los dos fijados con anterioridad a los tres. En este campo se incrementa, igualmente, la valoración dada hasta ahora a los quinquenios, que se puntuarán con 1,5 puntos en vez de con un punto.
El máximo asignado serán seis puntos. En lo referente a investigación y transferencia e intercambio de conocimiento e innovación, la medición se hará en periodos de seis años y se tendrá en cuenta el complemento de productividad de las retribuciones fijadas legalmente. La puntuación máxima que se podrá conseguir son también seis puntos. Sólo podrá someterse a análisis la actividad realizada con posterioridad a la obtención de la licenciatura o grado, acreditada con un contrato de contenido científico o con un nombramiento en un centro de I+D, español o extranjero.
También se valorará la I+D llevada a cabo en universidades, hospitales públicos y demás entidades del sistema sanitario. Además, para cada sexenio, el solicitante deberá indicar cinco aportaciones de algunos de los años contemplados. En este apartado se aumentan los tramos, pudiéndose alcanzar hasta tres en vez de los dos anteriores, y la puntuación dada a los méritos se incrementa hasta seis frente a los cuatro fijados en otras convocatorias. En materia de gestión, se considerará el desempeño de cargos académicos y la participación en calidad de miembro en órganos colegiados de representación del PDI en una universidad pública del sistema español.
Entre los puestos de responsabilidad se tienen en cuenta los de rector, vicerrector, secretario general, gerente, decano de facultad, director de escuela y de departamento. También se admitirán los cargos de vicedecano, subdirector de escuela, secretario de centros, departamentos, coordinadores de titulaciones o directores de máster o programas de doctorado. Únicamente se evaluarán años completos de ejercicio en cada uno de los cargos académicos o en cada uno de los órganos colegiados de representación. Los participantes sólo podrán lograr un máximo de dos puntos. El análisis y evaluación de los méritos corresponderá a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y la asignación de la retribución de los distintos tramos es responsabilidad de cada universidad pública.
La Consejería de Universidad ha agilizado la gestión de esta convocatoria hasta convertirla “prácticamente en automática, evitando así las complejas solicitudes de otros procesos anteriores”. De igual modo, se ha marcado como límite para resolverla un periodo de seis meses a contar desde su publicación con el fin de evitar los retrasos que se acumularon en la convocatoria abierta en 2018. Además, el texto legal aprobado en julio pasado y que sustenta esta convocatoria pone fin a diez años de reclamaciones y permite dar respuesta al marco normativo establecido, que obligaba a regular este tipo de evaluación por decreto.
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