SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto abordar en su reunión del próximo martes, 18 de junio, el recurso que el PSOE ha presentado contra el último decreto de medidas de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno andaluz del PP-A el pasado mes de febrero, y para ello ha designado al exministro de Justicia y exdiputado del PSOE Juan Carlos Campo como ponente.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.
El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto –el cuarto de medidas de simplificación administrativa aprobado por la Junta desde que Juanma Moreno es presidente– a través de más de 50 senadores, según se desprende del orden del día de la reunión de este próximo martes del Pleno del TC, consultado por Europa Press.
El recurso socialista contra dicho decreto figura en el apartado de “asuntos a resolver por providencia” por el Pleno del TC y, en concreto, entre los “asuntos en trámite de admisibilidad”. Como ponente del tribunal de garantías para abordar esta cuestión figura el magistrado Juan Carlos Campo, que antes de ser ministro ocupó cargos en la Junta de Andalucía durante la etapa de gobierno socialista, como el de director general para las Relaciones con la Administración de Justicia y secretario general de Relaciones con el Parlamento.
CONTENIDO DEL DECRETO
El decreto objeto de recurso por parte del PSOE forma parte del plan ‘Andalucía Simplifica’, y modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes.
Desde su aprobación, el pasado mes de febrero, el Gobierno andaluz ha introducido varias correcciones en dicho decreto de simplificación que han ido publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y el pasado 22 de mayo aprobó un nuevo decreto-ley que precisamente modificaba esa normativa para dar cumplimiento a acuerdos alcanzados con el Gobierno central en el marco de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación.
Según explicó la Junta, el acuerdo con el Gobierno –que evita un recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo central contra dicho decreto– conllevaba la modificación de “distintos epígrafes para su mejor comprensión y seguridad”.
Así, entre otros, se concretaban “los tipos de procedimiento en los que se aplica la excepcionalidad del sentido desestimatorio ciñéndolo a los que tengan por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, evitándose así interpretaciones extensivas”.
En los artículos relativos a la dependencia, se ha establecido que el informe sobre condiciones de salud del solicitante “puede ser suscrito por un profesional médico o de enfermería, habilitando a ambos para su emisión”.
Además, y entre otras cuestiones, el acuerdo entre la Junta y el Gobierno se traduce en que en el apartado de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se aclara que el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico “no se tiene que presentar ante el órgano ambiental, sino ante el órgano sustantivo”.
RECURSO DEL PSOE
Los senadores socialistas formalizaron el pasado mes de mayo su recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto de simplificación, desde la premisa de que “sobran las razones, tanto de forma como de fondo”, para la interposición del mismo.
Así lo defendió el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, en una rueda de prensa en la que sostuvo que dicho decreto era “una muestra del ejercicio abusivo de la mayoría absoluta” por parte del Gobierno de Juanma Moreno.
Josele Aguilar señaló que la Junta ha cometido “una chapuza desde el punto de vista jurídico” con este decreto-ley que es “un monumento a la incompetencia del Gobierno de Moreno”, y en el que no se da el requisito de “extraordinaria y urgente necesidad” que justifique su elaboración, según argumentó.
Al margen de por cuestiones de forma, desde el PSOE-A entendían que hay “razones suficientes respecto del contenido” del decreto para justificar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, al pensar que en algunos puntos se exceden “los límites materiales marcados por el Estatuto” de Autonomía y “por la Constitución para los decretos leyes”.
Además, Josele Aguilar criticó el mes pasado que es “un decreto-ley ‘ómnibus’ en el que se incluyen normas que nada tienen que ver con la simplificación administrativa que dice regular”, e incluye “modificaciones de normas reglamentarias” que, según agregó el portavoz socialista, “no caben a través del uso” de un decreto-ley, según doctrina del Tribunal Constitucional, por lo que el portavoz socialista expresó su confianza en que la corte de garantías diera “la razón” al recurso del PSOE.
- Te recomendamos -
