SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía abre desde este jueves y hasta el próximo 17 de octubre el plazo para hacer aportaciones al proyecto de decreto que creará y regulará el nuevo observatorio contra las agresiones al personal sanitario público de Andalucía que podrá proponer “acciones concretas” en aquellos centros de salud en los que haya “mayor incidencia” de casos, además de impulsar el desarrollo de medidas de protección y prevención recogidas en el plan del sistema sanitario público.
En 2023, se contabilizaron 1.564 agresiones en Andalucía y, entre enero y junio de este año, la Consejería ha contabilizado 924 agresiones a sanitarios frente a las 862 del mismo periodo del año anterior, lo que equivale a un aumento de algo más del 7%. De las 924 agresiones contabilizadas en el primer semestre de este año, un total de 205 han sido físicas y 719 no físicas. Por provincias, Sevilla ha registrado 219, seguida de Málaga, con 175; Cádiz, 165; Córdoba, 98; Granada, 92; Jaén, 73; Almería, 71; y Huelva, con 31.
El observatorio se reunirá “como mínimo” dos veces al año en sesiones ordinarias o a propuesta “al menos” de la tercera parte de los miembros. Así aparece recogido en el borrador de decreto que la Consejería de Salud y Consumo presentó el pasado mes de julio a los centrales sindicales Satse, CSIF, CCOO, UGT y SMA en la mesa sectorial convocada para analizar además el plan de verano y el borrador de decreto para regular la autorización para la constitución y funcionamiento de biobancos con fine de investigación biomédica.
“Las agresiones en el ámbito sanitario tienen un importante impacto no sólo en la esfera de los derechos fundamentales de los profesionales del sector sanitario sino que además repercute en la calidad de la práctica profesional y del servicio prestado, afectando finalmente al funcionamiento de las organizaciones sanitarias”, argumentaba la Consejería en el borrador consultado por Europa Press.
El observatorio fue presentado en septiembre de 2023. Se trata de un órgano colegiado asesor y de participación para el conocimiento, análisis técnico, seguimiento, vigilancia y evolución de las agresiones a los profesionales sanitarios, que “permite poner a disposición de la Administración y demás agentes implicados información cualitativa y cuantitativa de calidad, promoviendo el desarrollo y la realización de actuaciones de investigación, análisis, formación, documentación y seguimiento estadístico de las agresiones y de las incidencias relacionadas con las mismas”.
Entre sus objetivos y funciones, el borrador de decreto apunta a que el observatorio desarrollará acciones en colaboración con las Fuerzas de Seguridad para “aportar apoyo especializado ante las situaciones de riesgo de los profesioneles del sistema y para colaborar activamente en la prevención y respuesta ante las agresiones en los centros sanitarios que establezcan criterios orientativos de actuación”.
Además de este observatorio, la Junta de Andalucía está trabajando en la Ley contra las agresiones a profesionales sanitarios, que incluirá al Observatorio y un régimen sancionador que proteja a los profesionales mediante la imposición de multas económicas contra sus autores. La Administración andaluza defiende esta Ley para “proteger a los profesionales sanitarios, que son los que nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos y ellos hacen su trabajo desde un juicio clínico, siempre mirando el bien de la persona e intentando mejorar su calidad de vida y su salud”.
Junto a estas accciones, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está enviando cartas a los agresores “afeándoles” su conducta y recordándoles que “en modo alguno es admisible el trato incorrecto por parte de pacientes o usuarios a profesionales de la sanidad pública; mucho menos una agresión física o verbal”. “Este centro no tolerará ninguna falta de respeto hacia los profesionales y el trabajo que realizan, indicándole que nos vemos en la obligación de ejercitar, con el máximo rigor, las acciones que nos asisten como Administración pública”.
Éste es el mensaje que se repite en esas cartas que está remitiendo el SAS –no son destinarios de ellas pacientes con deterioro cognitivo o con problemas de salud mental, por ejemplo– y que se enmarcan en un listado de medidas con las que la Consejería busca “no victimizar más a las personas que han sufrido una agresión”, que uno de los problemas que enfrentan es que “tienen que volver a su mismo lugar de trabajo, en el que tendrán que convivir con la persona que les causó la agresión”, señala la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en una entrevista con Europa Press.
Además de las cartas, el SAS va a terminar de repartir este año alarmas en los servicios y zonas más conflictivas que sirven para “persuadir” y para “avisar” a otros sanitarios antes una posible agresión. Hasta el 30 de junio de este año, se han repartido 4.185 alarmas individuales. En los centros hay instaladas 4.489 cámaras de seguridad; 868 GPS en ambulancias; 1.208 interfonos; y 16.351 software antipánico. Hay, además, 5.524 timbres de alarma en consultas y se han realizado 730 controles de acceso mediante tarjeta electrónica o con una contraseña mediante teclado táctil, según el desglose de datos ofrecidos por la Consejería.
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